Carles Puigdemont ha realizó esta semana una cerrada defensa de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por iniciar el procedimiento para comprar las urnas para el referéndum. El gran argumento de “Puchi-mon” es que: “Nuestra posición es idéntica a la que tuvo el Gobierno de la Junta de Andalucía cuando también decidió comprar unas y no hubo ningún fiscal ni ningún Constitucional que le dijera que estaba yendo fuera de la ley”.

Santo Dios, menos mal que ya acaba pronto su mandato. Que se vuelva a la pastelería de su padre. Con este nivel la Generalitat acabará llamándose la “Penalitat”.

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