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El Ayuntamiento de Barcelona creará un fichero informatizado sobre agentes de la Guardia Urbana en el que constarán datos especialmente protegidos. Estos datos se refieren a “ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud (enfermedades, discapacidades, …), vida sexual, violencia de genero” si son relevantes para una investigación sobre supuestas infracciones.

 En octubre, la alcaldesa Ada Colau emitió la resolución y, en febrero, después de someterse a exposición pública, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. En un comunicado, CSIF advierte que este fichero vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. El sindicato anuncia que tomará medidas legales.

Además, también se podrán solicitar a los agentes datos sensibles como ingresos, patrimonio, créditos, avales, planes de pensiones o de jubilación, impuestos, seguros, recibos, hipotecas o tarjetas de crédito. Incluso sobre situación familiar, aficiones, subscripciones (revistas, webs, …) y un sinfín de conceptos. Este fichero se utilizará en procedimientos de “información reservada a funcionarios” y en la investigación de posibles infracciones.

El fichero se denomina “Gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana”. En realidad es un sistema soviético de control.