España vuelve a estar ante una situación en la que unas élites globalistas comunitarias venden como hito geopolítico lo que es en realidad una tragedia para nuestros agricultores y nuestra soberanía alimentaria. Después de nada menos que 25 años de negociaciones, y con la aprobación por la mayoría cualificada de
sus Estados miembros (1), la Unión Europea culminó el pasado 9 de enero uno de los pasos más importantes para que el tratado comercial con las naciones que forman Mercosur entre en vigor. El acuerdo entra ahora en la fase más decisiva, al menos desde el punto de vista democrático, que es su aprobación y ratificación
en el Parlamento Europeo por los representantes de los ciudadanos de cada país.

Precisamente es en esta fase final en la que el tratado ha quedado bloqueado, ya que el 21 de enero el Parlamento Europeo votó remitir la totalidad del acuerdo comercial con Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE para que dictamine si es compatible con los Tratados. La resolución salió adelante por un margen mínimo (334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones (2) y en la práctica supone la congelación de la ratificación en la Eurocámara hasta que el Tribunal se pronuncie, pero, por desgracia, este bloqueo parlamentario no garantiza que el acuerdo haya muerto, dado que la Comisión Europea, en manos de unos altos funcionarios globalistas, conserva margen para una eventual aplicación provisional, lo que añade más incertidumbre y más tensión política con el sector primario.
Sorprende ver la felicidad y autocomplacencia de los dirigentes europeos, la mayor parte sin haber sido jamás votados o elegidos, y que contrasta con el pesar y el dolor de millones de agricultores, ganaderos y pescadores que ven como su principal modo de vida, asediado durante décadas de fanatismo ecologista
y de soberbia regulatoria, se ve abocado a la extinción ante la previsible entrada masiva de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros a unos costes muy inferiores.

No hay ningún motivo para felicitarse; esa casta política europea ha pergeñado un acuerdo que no beneficia al conjunto de los europeos ya que, tal como pasó hace 40 años cuando España inició la senda de la llamada «reconversión industrial» que, en realidad, fue el desmantelamiento de su capacidad productiva, hoy asistimos al mismo proceso para el sector primario. En aras del comercio libre, los productos extranjeros podrán entrar en Europa sin un 90% de los aranceles actuales a cambio de que los productos industriales europeos se puedan exportar con un beneficio similar.

El tratado con Mercosur no es una abstracción burocrática en unos despachos de Bruselas. Es carne, cereales, legumbres, cítricos… son explotaciones familiares de agricultura, ganadería y pesca que irán a la quiebra, son pueblos de la España rural condenados a la desaparición.

Sí, para algunas grandes empresas industriales del norte de Europa, cuyos lobbies y grupos de presión levan años defendiendo este acuerdo; también para los fondos de inversión, grandes capitales y para unas pocas multinacionales de los sectores alimentarios y de distribución. Para ellos este acuerdo sí será muy positivo y les generará un retorno impresionante, como ya muestran sus cotizaciones en bolsa, pero para el conjunto de la economía europea, y muy especialmente sus sectores más vulnerables, es una tragedia de proporciones históricas.

Dejemos claro que los acuerdos comerciales y la libertad de comerciar son, en principio, elementos que contribuyen a generar prosperidad y a beneficiar a productores, consumidores y trabajadores. Sin embargo, esto no es así cuando la competición del mercado no se realiza en un marco regulatorio similar, cuando los requisitos de carácter técnico o de calidad no son los mismos: un acuerdo de comercio libre entre un país con grandes requisitos normativos y otro sin dichos requisitos otorga una clara ventaja competitiva y en costes al segundo.
Eso es exactamente lo que ocurre en el caso de Mercosur. Europa en general, y España en particular, han decidido imponer a sus propios productores estándares cada vez más elevados y costosos mientras acepta la importación de productos que no cumplen esos mismos requisitos. Esta incoherencia no es una cuestión ideológica: es un problema económico elemental. No se puede exigir un elevado nivel regulatorio interno y, al mismo tiempo, abrir el mercado a productos que no tienen que asumir esos costes sin que eso provoque un proceso acelerado de destrucción de tejido productivo. Es imposible que los cereales
de una zona del interior de Castilla puedan competir en precio con los de concentraciones extensivas en Brasil, cuyos trabajadores perciben un sexto del salario mínimo en España.

Efectivamente, en el caso de nuestro país el acuerdo es especialmente perjudicial; la estructura económica de España está basada en servicios que, en su mayor parte, no son exportables o que, en todo caso, no forman parte de este acuerdo; la producción industrial que tenemos es, por desgracia, pequeña, ya que, entre otras cosas, se debe a decisiones políticas de los años 80 que asumieron el declive industrial como un inevitable peaje para entrar en el mercado único.

En ese contexto, el sector primario ha sido uno de los pocos pilares productivos capaces de resistir y lo ha hecho a un precio muy elevado: cierre de miles de explotaciones familiares que ascienden a más de 80 000 en los últimos 10 años, concentración productiva, aumento de costes y una apuesta clara por la calidad, la trazabilidad y unos de los estándares más exigentes del mundo.

Lejos de ser un sector residual, y a pesar de las dificultades, el agroalimentario español se ha consolidado como uno de los principales motores exportadores del país. España es hoy la octava potencia exportadora mundial, con una cuota aproximada del 3,4% del comercio global. Acumula casi tres décadas de superávits comerciales y, en 2024, ese superávit equivalía al 1,2% del PIB.

Este éxito no ha sido casual. Ha sido el resultado de inversión, adaptación, esfuerzo empresarial y sacrificio social. Y es precisamente ese sector el que ahora se ve expuesto a una competencia externa que no opera bajo las mismas reglas.

Uno de los argumentos más repetidos por los defensores del acuerdo es que Europa podrá «vender coches a cambio de carne más barata». Este planteamiento, además de simplista, es profundamente engañoso en lo que respecta a España. Nuestro país, para empezar, no tiene una capacidad industrial que pueda ser competitiva y, además, Mercosur, como la práctica totalidad de Hispanoamérica, tiene unos estándares industriales más próximos a los de Estados Unidos con unos criterios de diseño y operación que no son los europeos. La supuesta apertura industrial es, por tanto, limitada y, en todo caso, el valor final de un producto industrial está vinculado a un valor añadido a una producción masiva y a una tecnología específico. Esto no es así en el ámbito agrícola donde la apertura de mercados es inmediata, real y asimétrica.

Carne, cereales, azúcar, frutas o productos pesqueros entrarán en el mercado europeo a precios significativamente más bajos, no por mayor eficiencia, sino por menores exigencias laborales, fitosanitarias, ambientales y también fiscales. El resultado será una presión a la baja sobre los precios internos que
muchos productores españoles no podrán soportar.

Sorprende que nuestro Gobierno, a nivel Estado, sí que haya sido uno de los países que votaron a favor de este acuerdo. A diferencia de los gobiernos polaco o francés que se han opuesto al mismo. España, uno de los países más afectados y perjudicados por este acuerdo, es paradójicamente unos de sus más partidarios. ¿Representa el gobierno español a los intereses de España?

Que Suecia, Alemania o Luxemburgo tengan una posición favorable al acuerdo es comprensible porque sus intereses económicos no se ven afectados por una competencia a precio de saldo de países con niveles económicos mucho más bajos. Tampoco sorprende que países como Francia o Polonia antepongan su interés nacional y el de sus agricultores. Lo que es más llamativo es que países como España, que serán los más perjudicados, hayan votado a favor y que además hayan tenido una posición extremada- mente favorable al mismo. Se podría argumentar lo mismo de Italia, pero este país tiene una estructura industrial mucho más fuerte y su primera ministra ha conseguido frenar las reducciones previstas en
la PAC para sus agricultores.

¿Cuáles son los intereses reales del gobierno español favoreciendo que las patatas vengan de la Pampa, a 10 000 kilómetros, y no de Galicia? ¿Es esto sostenible o ecológico? Por supuesto que no. El acuerdo es, según el enfoque medioambiental, profundamente contradictorio con la supuesta política ecológica de los actuales gobernantes. España ha aplicado con el máximo rigor posible una agenda regulatoria diseñada por unas élites políticas totalmente alejadas del campo y que han encarecido la producción agraria, ganadera y pesquera en nombre de una supuesta sostenibilidad.

Ese esfuerzo podría ser defendible si se tradujera en una protección efectiva del productor local, pero lo que se observa es justamente lo contrario: con el tratado con Mercosur se penaliza la producción nacional mientras se importa producción externa a precio de saldo, con menor calidad, con mayor huella ambiental global y menor control efectivo. Se traslada la producción fuera y se debilita al productor nacional que sí opera bajo unas exigentes y, en muchos casos, absurdas, reglas marcadas por el fanatismo ecologista.

Por si fuera poco, en un imposible intento de cuadrar el círculo y en algo que no es más que un absurdo gesto de cara a la galería, el Partido Popular Europeo, a propuesta de un representante español, introdujo unas supuestas salvaguardas y mecanismos de compensación según las cuales, la UE podría suspender
la importación de determinados productos cárnicos y, también, si se detectan que las importaciones de Mercosur «no cumplen los requisitos equivalentes en materia de medioambiente o bienestar animal, salud o seguridad alimentaria».

Siendo evidente que los costes de producción en los países de Mercosur son mucho más bajos que los de Europa, especialmente por no estar afectados por todo ese marasmo regulatorio que los legisladores de Bruselas han ido diseñando para el campo europeo, las cláusulas de salvaguarda son sólo una muestra de la hipocresía política, que es perfectamente conocedora tanto de las muy inferiores exigencias regulatorias de Mercosur como del perjuicio que se va a provocar en el sector primario europeo en general y que afecta especialmente a países productores agrícolas como España.

El resultado, por tanto, no es una mejora, sino una pérdida de producción y además una merma de soberanía productiva y alimentaria.

A sabiendas del perjuicio evidente al campo español, el apoyo político a este acuerdo por parte del PP o PSOE frente a la oposición de VOX, demuestra hasta qué punto el bipartidismo oficial de España está sometido a unos intereses que no son los de España y los españoles.

El rechazo mayoritario de la sociedad europea a este acuerdo no es por tanto una reacción irracional, sino una consecuencia lógica de una brecha cada vez mayor entre, por un lado, las élites europeas y, por otro, los intereses de la población general y del sector productivo real de la economía. Los mandamases de Bruselas se han convertido en una casta que ha consolidado una cultura política autorreferencial, socialmente impermeable, en la que los costes de las decisiones se perciben de forma abstracta. Su falso, vacuo y artificial europeísmo idealizado contrasta con las consecuencias que sufren el agricultor, el ganadero o
el pescador españoles. Los costes para el ciudadano normal de la UE, y no digamos ya para el agricultor, ganadero o pescador no son abstractos: son cierres de granjas, de explotaciones, endeudamiento, falta de relevo generacional y abandono del territorio.

El acuerdo con Mercosur va mucho más allá de un mero tratado comercial. Es la confirmación de una deriva en la que Europa en general, y España en particular, han ido aceptando, paso a paso, que sus sectores más tradicionales y estratégicos sean los grandes perdedores del proceso de integración europea.

Se les ha pedido adaptación, sacrificio y ejemplaridad normativa, pero no se les ha ofrecido protección ni reciprocidad o nada que vaya más allá de unas menguantes subvenciones que no permiten a los agricultores familiares vivir.

La agricultura, la ganadería y la pesca son mucho más que meras actividades económicas: constituyen auténticas estructuras de cohesión territorial, con un valor histórico e intangible que moldea la identidad y la tradición cultural de muchas regiones. Son, además, de los pocos factores que todavía generan arraigo
poblacional en el medio rural y un pilar que contribuye de manera decisiva a la soberanía alimentaria de un país. En ese contexto, favorecer en España el tratado con Mercosur supone menospreciar a ese sector y acelerar su deterioro, empujándolo hacia una desaparición lenta, pero constante. Primero fue la Ley de
Restauración de la Naturaleza, luego los acuerdos con Marruecos. Siempre en la misma dirección, élites gobernantes que legislan en contra de los intereses nacionales.

De momento, el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado, y lo ha hecho imponiendo un freno. No ha sido ni un «debate», ni una «declaración», sino una votación que ha congelado la ratificación a la espera de un dictamen del Tribunal de Justicia Europeo. Si, llegado el caso, este acuerdo se ratifica sin correcciones
profundas, no estaremos ante ningún éxito ni hito histórico, sino ante otra gran traición al campo español cuyas consecuencias no se limitarán al ámbito económico: afectarán a la cohesión territorial, a la soberanía alimentaria y, cómo no, a la confianza que pueden generar unas instituciones europeas que lejos de beneficiar, perjudican a sus sectores más vulnerables.

Era esperable que un gobierno como el español, que jamás defiende el interés de España, apoye algo que perjudica a los españoles y favorece a otros países. Más sorprendente parece que el Partido Popular se haya mostrado a favor de este tratado y, como es habitual en Europa, haya votado junto al PSOE contra la propuesta de llevar el tratado con Mercosur al Tribunal de Justicia (y, por tanto, paralizarlo) mientras VOX ha estado haciendo siempre todo lo posible por obstaculizar dicho acuerdo.

Nos toca a los ciudadanos cuestionarnos si lo votado en el Parlamento y si la democracia representativa basada en los partidos se corresponde con el interés de la nación y de sus ciudadanos y, en este sentido, sería conveniente cuestionarse a qué obedecen los posicionamientos políticos y si el centro de interés está en España o, más bien, se subordinan a criterios de élites globalistas foráneas.

Conviene preguntarse a qué se debe este aparente consenso político, e incluso mediático, en tratar de disfrazar este acuerdo como algo que traerá prosperidad a ambos continentes cuando va a ser una forma de acabar con la agricultura local y, por tanto, con la alimentación tradicional para privilegiar una agricultura masificada. ¿Cuál será el futuro del campo español? ¿Concentración parcelaria en manos de
fondos de inversión que coticen en Londres o Nueva York? ¿Paneles solares y subsidios rurales junto con emigración a la ciudad?.

FUNDACIÓN DISENSO

(1) Mayoría cualificada se considera cuando en el Consejo de Europa hay un 55% de los Estados a favor represen-
tando al menos a un 65% de la población europea.

(2) En dicha votación, los eurodiputados del Partido Popular, del PSOE, PNV y los exmiembros de SALF (Nora Junco y
Diego Solier), votaron en contra de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, apoyando la inmediata
tramitación del acuerdo con los países de Mercosur.

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