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El Gobierno prepara lo que en el sector financiero podría conocerse como el real decreto CaixaBank. El Ejecutivo ultima una normativa urgente que permitiría a las sociedades mover su sede sin necesidad de convocar junta general de accionistas.

La entidad presidida por Jordi Gual lleva toda la semana envuelta en un laberinto legal que desenmarañaría con este real decreto. Al contrario que Banco Sabadell, CaixaBank no había pasado ya por junta de accionistas el cambio de estatutos necesarios, por lo que estaba atada de manos a un traslado rápido de la sede.

Por ello, los servicios jurídicos llevaban días buscando alternativas legales a esperar a la junta, lo que tardaría 15 días, algo complejo en un entorno de nerviosismo en las oficinas. Una de las posibilidades era apelar al origen de la entidad, como Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, para defender legalmente que su territorio natal no es sólo Cataluña, sino Baleares. Ello le hubiera permitido mover la sede con un simple consejo de administración.