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Puigdemont con una pecera

 

El Govern regional de Cataluña ha vuelto de vacaciones. La mesa del Parlamento no ha introducido en el orden del día la tramitación de la Ley del Referéndum. Será por estrategia, será por que ya nadie se cree nada, pero parece que no tienen prisa.

Sin embargo los procesos legislativos son complejos y tienen sus plazos. Y si comparamos con el primer Butifarrèndum, los plazos ya van tarde. Por ejemplo, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria del referéndum del 9-N el 27 de septiembre, es decir, 43 días antes de su celebración. Antes ya se había aprobado la ley de consultas no referendarias en el Parlament.

1.-  Esto significa que para seguir los pasos de Artur Mas, Carles Puigdemont debería firmar el decreto de convocatoria del 1-O, el 18 de agosto. Algo imposible ya porque la mesa aún no ha admitido a trámite la ley del referéndum en el Parlament. Se podría acortar plazos en los trámites y llegar a tiempo.

2.- Cuando se aprobara la Ley del referéndum (sin tener en cuenta intervenciones del tribunal Constitucional) se tendrían que activar convenios relativos a cuestiones clave, como el registro de participación y la infraestructura de la consulta. En estos momentos el govern Puigdemont no tienen nada de nada.

3.- Uno de los elementos clave para el butifarrendum es la publicación del registro provisional de votantes. El 9-N se publicó el 10 de octubre, es decir un mes antes. Esto significa que los primeros días de septiembre de este 2017 se debería informar del registro. Ello parece imposible de momento (si alguien no se saca un as de la manga).

4.- En el 9-N los ayuntamientos tuvieron un mes para proponer a la Generalitat una relación de locales habilitados para el plebiscito. A día de hoy no se sabe ni siquiera los Ayuntamientos que cooperarán con la ilegalidad.

5.- Respecto al voto anticipado, para llegar a tiempo, debería ya estar preparado también a primeros de septiembre. De momento, de los 200.000 catalanes que tiene derecho a voto y residen en el resto de España, la Generalitat solo cuenta con los nombres de 5.000. Igualmente con el voto de fuera del Estado.

6.- Y el voto por internet, regulado en un proyecto de ley del Govern, todavía no es posible porque la ley sigue su curso en el Parlament, es decir, que no ha sido aprobada pese a que gozaba de un gran apoyo inicial.

7.- Igual ocurre con los plazos de la inscripción de interventores, el establecimiento de espacios públicos y en medios públicos para los partidarios del Sí (y si los hubiera del NO). A principios de septiembre el ‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’ (DOGC) debe publicar el decreto de nombramiento de la comisión de control de la consulta y los responsables normados.

Todo lo que hemos visto hasta ahora del proceso es un “chapucismo”, pero si se quiere llegar en condiciones al 1-O, las chapuzas tendrán que multiplicarse y acelerarse.