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El Ejecutivo central no tomó ninguna medida jurídica ante el anuncio político de Puigdemont. Lo hará cuando el Gobierno catalán “pase del anuncio a los hechos”, aunque los servicios jurídicos analizaron todos los detalles de las intervenciones y del acto celebrado en la Generalitat. Minutos después, fuentes de la Moncloa apuntaron que los abogados del Estado estudian también este extremo por si hubiera que iniciar acciones legales.

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dijo que las “meras opiniones” y los “deseos” no son suficientes para que el ministerio público presente una denuncia. Leyendo esta noticia, nos vienen a la mente todos los demonios que se nos manifestaron en la pasada convocatoria del 9-N. Se nos dijo de todas las maneras posibles que el famoso butifarrendum, no se celebraría, que se ejecutarían todas las acciones pertinentes y “proporcionadas” con tal de impedirlo, dando “amparo” a todos los funcionarios que se vieran presionados por la generalidad.

Yo entiendo por proporcionado, teniendo en cuenta que esto es un golpe de estado en toda regla, condenar a cárcel a todos los golpistas, tal y como se hizo con el Teniente Coronel Tejero, condena que en este caso pudo ser más que discutible, dada su condición de Patriota. Dicho esto, ya saben ustedes lo que ocurrió el 9-N, en donde presuntamente, se negoció con Mas por debajo de la mesa de forma miserable, con el fin de que, si se impedía la celebración, no se “creasen” más independentistas. Curiosa forma que tiene de aplicar la ley el gobierno.

En esta ocasión, la puesta en escena ha sido y quizá será la misma: Convocatoria, firma del decreto, Tribunales…y finalmente, celebración…o no…