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Margarita Gil, una tipa de la que deberemos hablar más adelante

El Gobierno catalán ha advertido a los responsables de sus departamentos de que los abogados que tramitan sus asuntos no pueden emplear en ningún caso el castellano y tienen la obligación de impulsar los procedimientos solo en catalán. En una carta, la jefa de servicios jurídicos de la Generalitat, Margarida Gil, avisa de que ha tenido conocimiento que “en determinados pleitos que afectan a entidades del sector público de la Generalitat, la representación y defensa se realiza en lengua castellana”. Gil recuerda que una ley de 2013 obliga a los letrados a emplear el catalán y advierte de que esa obligación es “un requisito de contratación” de los abogados externos que, puntualmente, colaboran con la Generalitat.

La carta está dirigida al secretario general de Salud, Albert Serra, aunque de su contenido se deduce que ha sido remitida también al resto de departamentos. Según esta disposición en “entidades del sector público de la Generalitat, la representación y defensa se realiza en lengua castellana”. Esos abogados “tampoco plantean que la tramitación del proceso sea en lengua catalana”. El acuerdo de mayo de 2013 obedecía al reducido uso del catalán en sentencias judiciales, que en 2011 solo suponían un 13,1% del total.