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La Agencia Catalana de Protección de Datos ha concluido la auditoría de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) que inició a raíz del caso Vidal para comprobar que ésta obtiene los datos fiscales de los contribuyentes de forma legal. Y los trabajos, que han durado cuatro meses, no han hallado irregularidades. Sin embargo, la agencia ha obligado a la Generalitat a destruir los datos del IRPF que los ciudadanos entregaron de forma voluntaria a raíz de sendas campañas de la Asamblea Nacional y de la Agencia Tributaria de Cataluña. El Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda afirmó que acatará la reclamación.

Las declaraciones del exsenador de ERC, Santi Vidal, que dijo que la Generalitat había obtenido los datos fiscales de todos los catalanes de forma ilegal, hicieron que el departamento que lidera Oriol Junqueras se pusiera a disposición de Protección de Datos para examinar sus bases de datos. Según difundió ayer el departamento, la agencia ha concluido que “la ATC no trata datos identificativos, ni de carácter tributario, que hayan sido obtenidos de manera irregular o ilegal”. El informe también considera que la Hacienda catalana usa los datos “exclusivamente” para el ejercicio de sus funciones y no para “finalidades incompatibles o funciones que no tenga atribuidas”, según la nota.