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Durante años, la política penitenciaria de ETA fue clara: nada de acceder a beneficios penitenciarios, entre los que se encuentra el poder trabajar y cotizar en prisión con el fin de reducir condena. Esta orden ha traído consigo una consecuencia inesperada: un agujero de más de 44.000.000 de euros al año para los gobiernos estatal y autonómico en concepto de pensiones por jubilación a etarras que jamás aportaron nada a la Seguridad Social.

En este sentido, más de 3.300 presos vinculados a ETA han pasado por las cárceles españolas y francesas. Debido a los años de condena y sin cotizar a la sagurida social,  se estima que unos 3.000 etarras que han cumplido penas privativas de libertad no tendrán derecho a pensiones completas, esto es, recibirán no contributivas de 368,90 euros al mes. Pero como el Ejecutivo vasco se comprometió a complementarlas hasta el 100% eso significa que la Administracoón pública deberá aportar un extra de 338,7 euros al mes por cada uno de ellos.

Sin embargo, no acaba todo ahí. Para aquellas personas que no dispongan de vivienda propia y tengan una pensión no contributiva por jubilación, el Gobierno vasco prevé una ayuda de 525 euros mensuales en concepto de alquiler.

Para evitar tener que hacer frente a las indemnizaciones a las víctimas, aquellos terroristas que tenían propiedades a su nombre, las donaron a amigos o familiares con el fin de declararse insolventes. Esto hace que la mayoría de ellos cumplan los requisitos para poder acceder a esta ayuda a la vivienda.

De todo ello resulta que un asesino, podrá llegar a cobrar del Estado más de 1200 euros mensuales. A ello hay que sumar que elcoste medio de mantener a un preso en la cárcel ronda los 21.000 euros anuales.