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El Estado por fin empieza a hacer cumplir la ley a los organismos subvencionados por la Generalitat para romper España. El hecho ha provocado la pataleta de los secesionistas que se consideran perseguidos por el Gobierno español. Esperemos que el recurso no prospere y paguen hasta el último céntimo por sus fechorías.

Según informa La Gaceta la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, organizadoras del aquelarre separatista del 11-S y de la protesta por el juicio a Mas por el 9N, denuncian haber recibido la notificación de otra sanción económica, en este caso de 90.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), por tener una base de datos “inoperativa” en Estados Unidos.

Este martes, han lanzado un comunicado conjunto en el que han atribuido las sanciones a “una estrategia del Estado de intentar ahogar económicamente a las entidades para frenar el referéndum” separatista, y han advertido de que “se trata nuevamente de una multa política aplicada con criterios ideológicos”, y que, por tanto, recurrirán la nueva sanción.

Estas sanciones se suman a las que ya les fueron impuestas por la Agencia de Protección de Datos por abuso de datos ideológicos, que comportaron un embargo por valor de 246.500 a cada una euros, y que hacen que vivan sus peores días. ¿Cerrarán o llegarán las subvenciones salvadoras con el dinero público de los catalanes?