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El Estado español, sin prisa, pero sin pausa, empieza a poner los medios para impedir el referéndum independentista.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde hace un año los movimientos de la Generalitat para poner en pie las denominadas “estructuras de Estado” para la secesión de Catalunya y ha pedido los datos a una veintena de consultoras y empresas tecnológicas, según informa este lunes ‘El País’.

El pasado viernes, según el citado diario, la fiscalía envió a la Guardia Civil a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad de Barcelona y Madrid para exigirles información exhaustiva sobre los contratos suscritos con el Gobierno catalán para levantar dos de esas estructuras: los servicios de inteligencia y la agencia tributaria.

Las sociedades disponen de ocho días para entregar toda la información de que dispongan. En caso de que no lo hagan en tiempo y forma, se les advierte de que pueden incurrir en desobediencia y malversación. El requerimiento reclama notificación de cualquier contrato que sea de interés para la investigación, incluso aquellos datos que conozcan de acuerdos del Ejecutivo catalán con compañías de la competencia.