El Gobierno regional de la Generalitat atraviesa una «difícil situación financiera» al no aprobar los Presupuestos de 2019 y, así, no puede pagar la nómina de los trabajadores públicos de la Generalitat ni la devolución de pagas extras pendientes.

Para subsanarlo, el Ejecutivo presidido por Quim Torra ha aprobado hoy por decreto ley un crédito de 814 millones de euros que tendrá que satisfacer enteramente el Estado. De los 814 millones el Govern ha pedido 241 millones al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), el fondo alternativo -y más laxo- al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al que la Generalitat está suscrito desde el mes de enero.

El Ejecutivo catalán da por hecho que los casi 600 millones restantes serán transferidos por el Ministerio de Hacienda en concepto de la «actualización del modelo de financiación». «Es un problema de España, no de Cataluña», ha manifestado el vicepresidente del Govern y consejero de Economía.

Con dos.

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