POLÉMICA: ¿Pero qué dice la ley andaluza de violencia de género?


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La Ley de ideología de género es la piedra de toque de posibles pactos y del desenlace del futuro gobierno en la región andaluza. Veamos qué dice y supone esta polémica ley.

Desampara a menores, ancianos y discapacitados maltratados por mujeres

La norma se denomina “Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género”. Puedes leerla pulsando aquí.

Una de las críticas es su falta de atención a ancianos, hombres y niños. Hay que decir que la Ley 7/2018 ampara a menores, a personas mayores, a personas con discapacidad o dependientes, pero sólo si están sujetas “a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento”.

Esto significa que los ancianos, niños o discapacitados que sean maltratados por una mujer quedan automáticamente excluidos de esa ley.

Una ley que da preferencia a las inmigrantes sobre las españolas

Un aspecto polémico de esta ley es el que figura en su Artículo 32, que modifica a su vez el Artículo 45 de la ley de 2007, dejándolo así: “La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el ingreso preferente en la red pública de centros existentes a las mujeres que, además de sufrir violencia de género, tengan otras problemáticas o situaciones añadidas, en particular enfermedad mental, prostitución, mujeres inmigrantes, discapacidad, mayores sin recursos y mujeres con problemas de adicción”.

Este texto no sólo discrimina a los hombres: también discrimina a las mujeres españolas frente a las inmigrantes, dando preferencia a estas últimas y equiparando el mero hecho de proceder de otro país con enfermedades mentales, prostitución, pobreza o discapacidad. Pero ¿Acaso no son también inmigrantes las mujeres procedentes de otros países europeos?

Una ley puramente ideológica que criminaliza a los hombres

Por otra parte, la ley contiene una serie de planteamientos que conducen a la criminalización de los varones. Por ejemplo, la ley contempla el “estudio de los modelos de masculinidades hegemónicas y de su relación con las causas de la violencia de género”. A esto hay que añadir que la ley original de 2007, reformada pero no derogada por esta Ley 7/2018, define la coeducación como una acción educadora “sin estereotipos sexistas y androcéntricos”.

La norma de 2018 modifica el Artículo 1 de la ley de 2007 definiendo su finalidad de esta forma: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo.

Una tras otra, a lo largo de la redacción de esta ley, todas las menciones específicas a los hombres y a la masculinidad son en sentido negativo y hace un juicio a priori sobre cualquier violencia que sufra una mujer a manos de un hombre, como si esa violencia estuviese motivada por el odio a las mujeres, sin entrar a valorar que en muchísimos casos esa violencia se debe a situaciones como trastornos mentales, alcoholismo, riñas de pareja, etc.

Una ley que otorga a la Junta el poder de censurar a los medios

Un aspecto muy peligroso de la ley es el que otorga al Gobierno andaluz la potestad de prohibir determinados contenidos en los medios de comunicación, es decir, que impone una censura gubernativa como la que existía en  dictadura. Hay que recordar que la libertad de información y de expresión están amparadas por el Artículo 20 de la Constitución, y la regulación del ejercicio de esos derechos no le compete a la Junta de Andalucía: sancionar los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión es competencia exclusiva de los jueces.

Además, eso tampoco puede hacerse con una ley ordinaria como la señalada, sino que requiere una ley orgánica, que son las que tienen el poder de regular derechos fundamentales, según el Artículo 81 de la Constitución. Saltándose a la torera estos preceptos constitucionales, la Ley 7/2018 prohíbe “que los medios de comunicación social cuya actividad esté sometida al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma difundan contenidos o emitan espacios o publicidad sexistas, discriminatorios, vejatorios, estereotipados”.

La ley también ataca el derecho constitucional a la libertad de educación

La ley establece, además, una estrategia de actuación en el ámbito de la comunicación “cuya finalidad esencial es sensibilizar a mujeres y hombres, modificar los modelos y actitudes, mitos y prejuicios sexistas. Nuevamente se trata de una definición ambigua y peligrosa con la que se da poder a un gobierno para censurar lo que quiera con la manida excusa de combatir el “machismo”.

Finalmente, la ley en cuestión también entra a saco en los colegios, estableciendo “el objetivo fundamental de incidir, desde la etapa infantil hasta los niveles superiores, en la igualdad entre mujeres y hombres y en el respeto de los derechos y libertades fundamentales” un objetivo que le sirve como excusa a esta norma para justificar una “educación afectivo-sexual de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los niños y niñas”.

Esta imposición abre la puerta a un choque frontal con el Artículo 27 de la Constitución, que afirma: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

2 comments

  1. Andrés Herzog, ex dirigente de UPYD y por tanto poco sospechoso de ser un “peligroso ultraderechista”. En su comentario en Twitter dice “me parece un auténtico despropósito, de fondo y forma”.

  2. Vergonzoso, ¿Que pretenden con esto, ser lo más de lo más? Pués si quieren llegar a serlo que procuren una buena enseñanza para los jovenes y niños en las escuelas y se dejen de monsergas.

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