Informa El Confidencial

La cúpula de los Mossos d’Esquadra incumplió descaradamente sus obligaciones y obligó a las fuerzas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a intervenir para cerrar colegios electorales o retirar urnas y papeletas. Fue una maniobra política cuidadosamente elaborada por el Gobierno catalán, que contó con la inestimable ayuda del ‘major’ de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

En las reuniones que mantuvieron los tres cuerpos policiales (Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil) los últimos días, Trapero se comprometió a cerrar todos los colegios electorales a las seis de la mañana del domingo 1 de octubre. Pero, a la hora de la verdad, no hizo nada. “Es de una deslealtad total. Engañó a todo el mundo: al Gobierno español, a los otros cuerpos, a los jueces, a los fiscales… Prometió que iba a cumplir y no lo hizo por motivos políticos. Si los Mossos hubieran actuado como debían, no se hubieran producido los altercados que se produjeron. Tanto CNP como Guardia Civil tenían suficientes dotaciones como para proceder al cierre de colegios el sábado por la noche, pero confiamos en Trapero, que al final nos traicionó”, explican a El Confidencial fuentes presentes en esas reuniones. Estas fuentes añaden que la policía autonómica catalana “tenía una ocasión de oro para demostrar su profesionalidad. Pero se reveló como lo que es: una policía política y politizada al servicio de una ideología. Y tras su penosa actuación, en estos momentos, no le queda ya gran prestigio como cuerpo”.

Fuentes de los Mossos reconocen a El Confidencial que una parte importante de los efectivos de la Brigada Móvil (Brimo, los antidisturbios) recibió permiso para hacer fiesta. Tanto, que se calcula que un tercio de los miembros de los antidisturbios no trabajaron durante la crucial jornada de ayer. Y un cupo importante fueron reservados para cubrir el partido que había de enfrentar al FC Barcelona con el UD Las Palmas (que al final se celebró a puerta cerrada), cuando ese cometido hubieran podido efectuarlo tranquilamente las unidades de recursos operativos (ARRO). “No querían fotos de la Brimo actuando, repartiendo leña a los ciudadanos”, subrayan las fuentes consultadas.

Otra fuente señala que la actuación de la cúpula de los Mossos fue muy premeditada: “Desde primera hora de la mañana, se repartieron por el territorio patrullas de dos ‘mossos’, que se enviaron a diferentes lugares, después de leerles las instrucciones de la Fiscalía. Cuando pedían refuerzos o ayuda, no se les podían enviar porque los recursos estaban repartidos”. Y no solo eso: “La Brimo, que debería estar al pie del cañón, ni siquiera salió a la calle y se repartieron algunas unidades de ARRO, a las que antes se les dio la orden expresa de no cargar, de no ponerse los cascos y de no usar las defensas”.

La ‘neutralidad’ de los Mossos quedaba, así, garantizada para el Gobierno catalán, que obligaba a salir a las unidades del CNP y de la Benemérita a ‘mojarse’ si querían cumplir las resoluciones judiciales que habían ordenado la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En palabras de los representantes del Ministerio del Interior, un “boicot en toda regla, una deslealtad extrema”. En opinión de algunas fuentes de los Mossos, “una jugada también medida, porque no salieron a la calle hasta después de las nueve, con lo que dejaban que los Mossos consumasen el delito de desobediencia”.

Para los representantes del Gobierno español, “la estrategia estaba muy clara: querían que los que se enfrentasen a los manifestantes y desalojasen los colegios fuesen la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras ellos permanecían al margen. Si lo hubieran dicho desde el principio, nosotros no hubiésemos actuado cuando en los colegios ya había una importante aglomeración de gente, sino mucho antes. Pero la desobediencia de las órdenes y el incumplimiento de sus responsabilidades nos llevó a tener que actuar tarde”, explican a este diario fuentes del Gobierno español.