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El día parlamentario ha empezado a las nueve de la mañana con una Mesa extraordinaria convocada ayer por la tarde por Forcadell. La estrategia se ha revelado de inmediato, puesto que a la misma hora JxSí y la CUP han presentado sendas peticiones tanto a la Mesa como a Forcadell para que admitiera a trámite la ley del Referéndum, registrada en julio, y que no había sido tramitada todavía.

La Mesa la ha aceptado a trámite y con ello ha apretado el interruptor de la bronca, emergiendo el filibusterismo parlamentario para entorpecer la aprobación de la norma. A este panorama, se le añadía una advertencia escrita de los servicios jurídicos del Parlament firmada por el secretario general, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, con la que alertaba de las consecuencias penales si se mantenía la tramitación de la ley. Un informe que los miembros de JxSí de la Mesa han desdeñado.

Tres peticiones de reconsideración de socialistas, ciudadanos y populares han obligado a dos reuniones más de de Mesa y Junta de Portavoces. Han sido encuentros en los que la oposición en pleno –C’s, PSC, CSQP y PP– ha iniciado un proceso jurídico y administrativo para saber quién ha publicado la ñey del Referéndum en el boletín oficial de la cámara puesto que no llevaba la firma supuestamente preceptiva del secretario general. Forcadell ha despachado la cuestión alegando que el artículo 112 del Parlament autoriza a la Mesa a la publicación de los acuerdos.

Una vez rechazadas las propuestas de reconsideración, el pleno ha retomado la doble votación hacia la una del mediodía. En primer lugar, para decidir la inclusión de la ley en el orden del día y, posteriormente, votar la decisión de incorporar excepciones procesales como reducir el plazo de enmiendas a dos horas o no poder acudir al Consell de Garanties Estatutàries. Todo ello en base a una interpretación extensiva del artículo 81.3.

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Ciudadanos y PSC han pedido entonces un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, una solicitud inédita en el campo parlamentario puesto que la tramitación especial de esta ley impide que el organismo se pronuncie sobre el contenido.

La primera votación se ha tenido que repetir porque en la primera algunos diputados no han podido ejercer su voto. Curiosamente, ha sido el no adscrito Germà Gordó quien ha pedido amparo a la presidenta porque no había podido votar. Así, JxSí, CUP y Gordó han aunado esfuerzos para tirar adelante la primera gran ley de la desconexión y dar dos horas de oxígeno a los grupos para negociar enmiendas a la ley.

Otro hecho remarcable ha sido la votación de CSQP, grupo que ha llegado dividido al pleno, como lo arroja su balance que cuenta con tres abstenciones de oro de diputados de Podem. Los que han votado contra el trámite escogido por JxSí para aprobar la norma han sido el presidente del grupo, Lluís Rabell, junto con los diputados de ICV (Joan Coscubiela, Marta Ribas, Marc Vidal, Hortènsia Grau), el de EUiA (Joan Josep Nuet), la independiente Gemma Lienas y una de las diputadas de Podem Catalunya (Jéssica Albiach). Sin embargo, se han abstenido el resto de diputados del grupo pertenecientes a Podem Catalunya (Albano-Dante Fachin, Joan Giner y Àngels Martínez). La abstención ha sido por la “beligerancia” y la “dureza” con la que Coscubiela ha defendido su posición desde la tribuna contra el referéndum.

Una vez despejado el camino para aprobar, la ley la oposición ha salido en tromba para cargar contra la norma y sus tramitaciones. Cs, PP, CSQP y el PSC han cargado contra lo que interpretan como un uso torticero del reglamento y una vulneración de los derechos de los diputados. El PSC ya ha anunciado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. El pleno se ha interrumpido durante una hora para que los diputados puedan negociar enmiendas.

Fuente: La Vanguardia

Junqueras, Romeva, Turull y Puigdemont