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El Gobierno ha detectado que, en los últimos meses, varios altos cargos de la Generalitat catalana han puesto una parte de sus bienes a nombre de terceros, habitualmente familiares, para evitar que les sean embargados por la Justicia.

Con este movimiento, que podría constituir un delito de alzamiento de bienes, determinados consellers y altos cargos del Ejecutivo de Carles Puigdemont pretenden impedir que la Justicia les obligue a responder con su patrimonio por la organización del referéndum ilegal previsto para el próximo 1 de octubre (1-O).

El Síndrome Mas hace estragos. Este síndrome se podría definir como el efecto de cuando el Tribunal de Cuentas dictó un auto con el que inicia el procedimiento para condenar al ex presidente Artur Mas, a Joana Ortega, a Francesc Homs e Irene Rigau a pagar de su bolsillo los 5,1 millones de euros que costó la organización de la consulta ilegal del 9-N.

… y todos “giñaus”.