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Guardia Urbana y policías municipales, un colectivo de 11000 personas, denuncian “incertidumbre” ante el 1 de octubre y avisan de que deben cumplir la ley a riesgo de incurrir en delito penal.

Un agente hace hincapié en que no colaborará con la cita secesionista. “Aquí nadie piensa en desobedecer. Nos tenemos que ceñir a la ley. Y en las patrullas que montamos conjuntamente con los Mossos d’Esquadra, normalmente controles de tráfico o alcoholemia, no parece que su espíritu sea ese”, admite.

Hasta el momento, y a 98 días de la supuesta convocatoria, la única instancia policial que habla claro es el CSIF.

“Recomendamos a urbanos de Barcelona y a policías locales y municipales del resto de municipios pedir por escrito todas las órdenes que no vean ajustadas a ley. Con ellas pueden ir al juzgado y entregarlas”, aclara Zambrano.

“Si el magistrado ve atisbo de ilegalidad, la fiscalía puede actuar y pedir la anulación de esa orden. Es un proceso rápido”, concluye la misma fuente.