00001“Catalunya no puede convertirse en  un charco de sangre. Catalunya no quiere llevar encima la mancha de canibalismo de los pueblos primitivos y salvajes”, proclamaba La Vanguardia, confiscada por la Generalitat, el 1 de agosto de 1936, ante la violencia revolucionaria desatada por las milicias de partidos y sindicatos tras el 18 de julio. La República empezó a perder la guerra – la batalla de la imagen exterior y el apoyo de la ciudadanía moderada- aquellos días. Los nuevos documentos hallados en un piso de Londres por el archivero Miquel Mir, informes de la FAI que no fueron entregados al archivo de Amsterdam por ser los más comprometidos con sus propietarios, aportan nueva luz sobre lo que sucedió en Barcelona desde julio de 1936 hasta mayo de 1937, cuando los estalinistas ajustaron cuentas con anarquistas y trotskistas. A la documentación del piso de Kensington-Chelsea (Diari d’un pistoler de la FAI, Destino), Mir suma los papeles que los familiares de los faístas le han facilitado.
El historiador Solé i Sabaté contabiliza 65 asesinatos diarios entre julio y septiembre de 1936, la mitad de los cometidos en toda de la Guerra Civil (8.352). Aunque la responsabilidad es múltiple, buena parte de ellos correspondió a las patrullas de control dirigidas y con mayoría de miembros de la FAI (25%-30% para CNT-FAI, 10%-15% ERC, 10%-15%UGT, 3%-5% el POUM y, desde agosto, también el PSUC). Cobraban de la Generalitat 12 pesetas al día.
El botín de las requisas a iglesias y casas particulares iba a la Conselleria d’Economia y otra parte era sustraída por miembros de las patrullas. Las piezas eran ocultadas en almacenes de Poble Sec, fundidas en lingotes o vendidas a bajo precio en el sur de Francia, adonde acudían mercaderes de toda Europa e incluso enviados del Vaticano para recuperar objetos litúrgicos. Aún otra parte quedó a disposición de dirigentes exiliados, mientras algunas de las cuentas abiertas en Suiza para la compra de armas alemanas siguieron a su disposición.
Del estudio de las 742 órdenes de detención de las patrullas de control se desprende, según Mir, que, aparte de religiosos, militantes de la Lliga, empresarios, carlistas, falangistas o de la CEDA, muchos fueron asesinados sólo por ser catalanistas, jóvenes cristianos o por venganzas personales. Entre las profesiones: maquinista impresor, agente comercial, profesor de la escuela de ingenieros, farmacéutico…
Escalofriante es la frialdad burocrática: “Viaje de siete detenidos al cementerio de Moncada. Cuatro a la fábrica de cemento”. Además de los paseos de la muerte, los patrulleros habían ideado un macabro sistema para hacerse con dinero y joyas que habían escapado de sus requisas: pactaban con los familiares del detenido su liberación a cambio de una suma. Una vez entregado el rescate, subían a los presos, sin esposar, a un auto, escoltado por otros dos camino de Francia. Siempre de noche. Al llegar a Montcada, les invitaban a hacer un alto para estirar las piernas y allí los ametrallaban. Para que el descubrimiento de los cadáveres no echara a perder su treta, los llevaban a la fábrica de cementos de Montcada que se puede ver aún hoy humeante a las puertas de Barcelona y allí trituraban sus cuerpos y después los incineraban en el horno. Tras mayo de 1937, el juez Bertran de Quintana incoó un proceso sobre los cementerios clandestinos.

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Foto tomada el 20 de septiembre de 1936 en el salón del Trono de la Capitanía General de Barcelona (Propias)

Después del 24 de julio, Durruti marchó con su columna a Zaragoza y dejó el orden público en manos de Joan García Oliver, quien delegó la máxima responsabilidad en su hombre de confianza (terrorista de Los Solidarios y Nosotros) Aurelio Fernández. La cúpula se completaba con Dionisio Eroles, Josep Asens y, como cerebro, Manuel Escorza del Val, a quien García Oliver -que llegó a ser ministro de Justicia- utilizó por su eficacia en el espionaje y la represión, a pesar de calificarle de “tullido de cuerpo y alma”. Parecía un personaje de novela de Víctor Hugo.

Una poliomelitis infantil le produjo una parálisis permanente y una atrofia que explicaba su corta estatura. Utilizaba alzas en los zapatos y muletas. Los historiadores resaltan un carácter agrio, una voluntad férrea y un orgullo extremado: no permitía que nadie le ayudara a moverse. Al acabar la guerra se refugió en Valparaíso (Chile), donde vivió con su mujer y dos hijas (una de ellas, una poeta reconocida), logrando fama de crítico (teatro, cine y literatura) temible por sus juicios afilados. Sus reseñas le valieron el premio Camilo Henríquez, el fraile dramaturgo. Murió en 1968, a los 56 años.

Dionisio Eroles Batlló, jefe de Servicios de la Comisaría General de Orden Público (Via Laietana), logró huir a Montauban (Francia) en 1939. Al parecer fue ejecutado en 1941 por los anarquistas del grupo Ponzán, que actuaba en la frontera, al negarse a revelar dónde escondía su botín. Encontraron su escondite y enterraron su cuerpo en algún lugar de los Pirineos.

Aurelio Fernández, jefe del departamento de Investigación y Patrullas de Control (Corts Catalanes, 617) y secretario general de la Junta de Seguridad de la Generalitat, se exilió con García Oliver a Francia y vivió en Puebla (México) con su joven mujer hasta su muerte en 1974.

Josep Asens, responsable de las patrullas (hotel Oriente), vivió en Francia bajo identidad falsa (Mariano Ojeda) y murió en Annecy en 1985.

JOSEP MASSOT   11/04/2010

http://www.lavanguardia.com/cultura/20100411/53903623288/el-verano-sangriento-del-36.html