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El Gobierno catalán ya ha abierto la licitación de urnas para referéndums y consultas, que va a provocar una actuación de oficio de la Fiscalía, que ya ha anunciado que actuará. Los proveedores que pujen por el contrato se pueden encontrar con problemas.

Fuentes jurídicas señalan que, en caso de que efectivamente se dictaminara que la convocatoria de la licitación incumplía el mandato del Tribunal Constitucional, y, por tanto, fuera ilegal, a la compañía adjudicataria se la podría considerar un “colaborador necesario” para el acto delictivo, asumiendo también responsabilidades.

En principio, el plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 23 de mayo y el presupuesto es de 200.000 euros sin IVA. La compra no habría sido firmada por ningún miembro del Gobierno catalán, sino por Francesc Esteve Balagué, secretario general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda (a) el cabeza de turco.