Desenterramiento-fosa-comun-Guerra-Civil_ECDIMA20170406_0015_21

 

“La Generalitat y los otros poderes públicos han de velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña como un patrimonio colectivo que testimonia la resistencia y la lucha por los derechos y la libertades democráticas”: así comienza el artículo 54 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Para cumplir esta y otras normas autonómicas, la Generalitat quiere contratar los servicios de una empresa u organismo científico que se encargue de ejecutar los trabajos de localización, recuperación y análisis antropológico de restos óseos humanos de la guerra y de la posguerra. La broma costará  unos 750.000 euros.

Lo que en ningún momento ha mentado la Generalitat es si ese dinero se gastará también en localizar las víctimas asesinadas durante el mandato de Companys.