El Gobierno español vuelve a llamar al “Primo de Zumosol”, el TC


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El Consejo de Ministros acordó el viernes la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional 40 y determinadas partidas presupuestarias de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo 2017, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017, que hacen referencia a una convocatoria del referéndum ilegal.

Enésimo desafío separatista al Estado, esta vez de una gravedad extrema, dado que se producen tres delitos: referéndum ilegal, declaración de independencia y régimen político nuevo. Esto último a imagen y semejanza a lo ocurrido en 1.931.

Miren ustedes por donde, la solución elegida es…es…es…después de mucho pensar,…es… ¡claro! ¿Cómo no se me había ocurrido? Un recurso al Tribunal Constitucional. Vaya por dónde, justo el Tribunal cuyas sentencias son respetadas una y otra vez por los separatistas…

 

Después de este teatrillo, vamos a ponernos serios con el tema. Cuando una y otra vez se producen rebeliones con las sentencias y los separatistas detectan que enfrente no hay enemigo, “ancha es Castilla” para hacer lo que a uno le venga en gana.

 

Es hora de tomar decisiones buenas a favor de España, que entendemos proporcionadas y suficientes al desafío planteado. Es hora ya de sacar las telarañas al artículo 155. Si no llega a ser suficiente, que creemos que si, el artículo 8, faculta al Estado, mediante el Ejército, mantener el control y la integridad del territorio. No creemos que se llegue al segundo supuesto, dada la audacia, manifiestamente mejorable, demostrada por el Gobierno de la Nación.

Un comentario

  1. No aplicaran el artículo 155 de nuestra Constitución. Este gobierno le tiene pánico a aparecer en todos los medios de comunicación internacionales por haber intervenido la región de Cataluña.
    Lo que sí podían hacer es, en vez de soltar dinero a través del F.L.A., pedir la lista de facturas pendientes de pago y que fuera el Ministerio de Economía y Hacienda Español quien pagara directamente las facturas (como hacen con los pagos de las facturas de las empresas públicas).
    De esta forma, pueden seleccionar qué facturas pagan (no pagar las facturas que hagan referencia a la secesión), hacer una auditoría (que falta hace) y demostrar quién está pagando a los proveedores.

    Otra forma de actuación puede ser no dar ningún contrato público a ninguna de las empresas que tengan contratos con la generalidad catalana u organismos públicos catalanes. De esta manera cortarían el acceso de empresas de telecomunicaciones y tecnológicas a contratos con ayuntamientos y Generalitat catalana.

    No dar ni un € de subvención aquellos organismos adscritos a la A.M.I., obligar a publicar las cuentas públicas de los ayuntamientos catalanes. Eliminar ayudas a aquellos organismos públicos catalanes que no cumplan las leyes (leyes linguisticas, sentencias judiciales, de banderas…).

    Hay mecanismos mucho más efectivos que aplicar el artículo 155. ¿Hay gente preparada para susitituir a los cientos o miles de cargos públicos que habría que sustituir? ¿Vendrían de fuera de Cataluña (les boicotearían usando el catalán)? ¿Durante cuanto tiempo habría que tener desplazadas a estas personas? Hacer frente a manifestaciones diarias, desordenes en las calles… Repito: le tienen pánico a salir en los medios de comunicación, mostrando que no tienen la situación controlada.

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