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Junts pel Si y la CUP  han votado esta semana en el parlament con sancionar, hasta 9.000 euros, a los propietarios de los edificios portadores de la placa del Ministerio de Vivienda de la época franquista.

Este entusiasmo por borrar de la psiqué colectiva la labor de viviendas sociales que se desarrolló con el franquismo, solo es explicable por ocultar la indecencia de los políticos democráticos ante la cuestión del derecho a la vivienda.

Tras la transición los sucesivos y desaparecidos ministerios de vivienda realizaron una labor misérrima. La vivienda. más que un derecho, se ha convertido en un privilegio. Y los sucesivos gobiernos democráticos han permitido burbujas inmobiliarias que casi destrozan completamente la economía española.

Ya ni siquiera creemos que les mueva el antifranquismo, sino que borrar los restos del mismo es para tapar sus propias vergüenzas.