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A la CUP le ha molestado mucho que el Govern ya hable de retrasar el referendum a principios de otoño, cuando hasta ahora habían dicho que se haría al final de verano como muy tarde. Han hecho un llamamiento a desacatar la “sentencia política” sobre la consulta soberanista del 9N de 2014 manteniendo a la diputada Irene Rigau en su escaño, y considera “muerta” la vía del referendo pactado con el Estado, por lo que aboga por un “referéndum unilateral” lo antes posible.

Desde la CUP, la diputada y presidenta de su grupo parlamentario, Mireia Boya, ha considerado en unas declaraciones hechas en los pasillos del Parlament que “el estado de excepción ya ha empezado. Estamos ante un Estado de derecho intervenido, como evidencia esta sentencia absolutamente vergonzosa y antidemocrática”.