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El pujolismo en el banquillo por corrupción, Aznar en sus labores oratorias bien pagadas y Duran con un partido en banca rota y a punto de disolverse

A más de 20 años del Pacto del Majestic, firmado el 28 de abril de 1996, conviene hacer balance de la historia de un descomunal fracaso político. Lo que en su día se vendió como el gran acuerdo que marcaba la reconciliación definitiva entre Cataluña y España no sólo no fue tal sino, la mecha que inició la radicalización definitiva del separatismo catalán, terminando en el “Prusés”.

 Se nos explicó que haciendo una lista definitiva de cesiones importantes a Cataluña el problema catalán quedaría arreglado para siempre. Nada más lejos de la realidad, pues en menos de 10 años los separatistas se declararon en rebeldía redactando un Estatuto totalmente ilegal.

 José María Aznar, el que fuera Presidente del Gobierno y que hoy en día habla como si fuera el máximo patriota español les dio las armas para romper España. Aznar propició un nuevo sistema de financiación para las CCAA que incluyó la cesión del 33% de la recaudación del IRPF (antes era del 15%), del 35% del IVA (desde el 0% anterior) y del 40% de los impuestos especiales.

 Bajo su gobierno, tuvieron lugar grandes transferencias de competencias del Estado a la Generalidad. Destacan las de tráfico (hasta entonces en manos de la Guardia Civil), y otras en el ámbito de la justicia, la educación (que adoctrina en el odio a España), la agricultura, la cultura, las farmacias, la sanidad, el empleo, los puertos, el medio ambiente, la mediación de seguros y la vivienda.

Se eliminó el servicio militar obligatorio y se suprimió la figura del gobernador civil, sustituido por el subdelegado del Gobierno, con menos competencias.  Tras la aprobación de la autonómica Ley de Política Lingüística de 1998, que era una gran discriminación hacia los castellanohablantes -especialmente en el ámbito de la educación y del comercio, Aznar no la recurrió ante el Constitucional e impidió  que el Defensor del Pueblo lo hiciera.

Tampoco fue capaz de garantizar el derecho de los padres a que sus hijos recibieran la enseñanza en español (junto al catalán), como ordenó el Tribunal Constitucional en 1994, y permitió que se siguiera aplicando el sistema de “inmersión lingüística” obligatoria exclusivamente en catalán.