Por primera vez desde julio de 1989 -al menos que se conozca de manera oficial- el régimen ha vuelto a fusilar en Cuba: tres hombres que secuestraron el pasado dos de abril una lancha de las que cubren el trayecto por la Bahía de la Habana con la intención de llegar hasta Florida para huir de la dictadura, fueron fusilados al amanecer del viernes tras un juicio sumarísimo sin ninguna garantía. Desde su detención hasta su ejecución, incluida apelación y revisión por el Consejo de Estado, que preside también Fidel Castro, transcurrieron apenas siete días.Según el comunicado oficial del régimen,  Enrique Copello Castillo, Barbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martinez Isaac, «los tres principales, más activos y brutales jefes de los secuestradores», fueron ajusticiados al amanecer. Otras cuatro personas fueron condenadas a cadena perpetua, una a treinta años de prisión y tres más a penas de entre dos y cinco años.

Sin heridos

El grupo que secuestró la barca, armado con una pistola y varios cuchillos, desvió el pequeño transbordador rumbo a las costas de Florida, pero se quedó sin combustible y los guardacostas cubanos les obligaron a regresar al puerto de Mariel. Tras varias horas de negociaciones, el grupo fue detenido sin un solo disparo ni ningún herido entre los cuarenta pasajeros que estaban en la lancha. Sin embargo, eso no fue ninguna eximente.

El juicio en la sala de delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Popular de La Habana comenzó el día 5. El día 8, de manera sumarísima, se consideraron probados los hechos como «graves delitos de terrorismo» y se dictó sentencia de muerte por «alta peligrosidad social». El día 9 se se celebró la vista del recuros de los condenados en el Tribunal Supremo Popular, que ratificó la sentencia, y lo envió al Consejo de Estado. Éste, presidido por Castro, la ordenó ejecutar por responder el delito a un «plan siniestro de provocaciones fraguado por los sectores más extremistas del gobierno de EE.UU. y sus aliados de la mafia de Miami». Al amanecer del día 11, los tres hombres eran fusilados.

Estas ejecuciones son las primeras desde que Castro ordenara en 1989 fusilar al general Arnaldo Ochoa, héroe de guerra y con mucho predicamento entre el Ejército cubano, y a Tony de la Guardia, responsable del Departamento MC del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bajo supuestas acusaciones de narcotráfico y corrupción, Castro fusiló la esperanza de cualquier cambio en Cuba al amparo de la perestroika que implantaba Gorbachov en Rusia.

La oposición cubana se mostraba ayer conmocionada por la dureza de unas sentencias producidas en medio de una ola de condenas a los principales cabecillas opositores. Y, según informa Efe, se produjeron incidentes cerca de los domicilios de los ejecutados. Según testigos, en Centro Habana, el barrio habanero donde vivía uno de los asesinados, se registraron algunos incidentes entre familiares del secuestrador y partidarios del castigo..

Repulsa en España

En España, la ministra de Asuntos Exteriores calificó de «lamentables» las ejecuciones y los juicios sumarísimos «que carecían de las garantías estándares de un Estado de derecho». Por su parte, el PSOE -a través de Luis Yáñez- expresó «la condena más rotunda» por esa «auténtica salvajada», llevada a cabo tras un proceso judicial «sin la menor garantía jurídica» y por unos hechos en los que no hubo «ni muertos ni heridos». Izquierda Unida, que no apoyó el jueves en el Parlamento Europeo una moción de condena a Cuba por los juicios contra los disidentes, manifestó a través de Julio Llamazares que «desde el cariño y la fraternidad con el pueblo cubano y su simpatía por las conquistas de su revolución», las ejecuciones constituyen «no sólo un error político sino una tragedia humana de primera magnitud».