La revista mensual Cafèambllet, que se edita en varias localidades de las comarcas de la Selva (Girona) y el Maremse (Barcelona), denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona les ha prohibido anunciar en los autobuses de la ciudad el libro Artur Mas: ¿dónde está mi dinero?, en el que se denuncian presuntas irregularidades del sistema sanitario de los que responsabiliza a altos cargos de CiU y PSC. Varios autobuses debían salir  con publicidad del libro, editado gracias a microdonaciones de un millar de ciudadanos y organizaciones y que cuenta con un prólogo de la monja Teresa Forcades y Àngels Maria Castells, así como con la colaboración del exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y la exconcejal de Ciutat Vella, Itziar González.

Según relata Cafèambllet en su página web, el libro salió a la venta el 23 de abril y, el 3 de mayo, la editorial Noupaper Editores SL pidió presupuesto para anunciarlo en los autobuses de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). Ese mismo día, Promedios, que gestiona en exclusiva la inserción publicitaria, envió las tarifas y una propuesta concreta para la publicidad. El 31 de mayo, Promedios confirmó la disponibilidad de espacio para insertar la publicidad y Noupaper Editores no dudó en confirmar su interés de promocionar el libro, pues ya casi había vendido los primeros 3.000 ejemplares y preparaba una segunda edición.

El 11 de junio se remitieron los datos necesarios para formalizar el contrato —para anunciar el libro en autobuses de las líneas H12 y L17— y al día siguiente recibieron una llamada de una comercial diciéndoles que no podían anunciarse. Promedios no aclaró a Noupaper Editores porqué no podían anunciar su libro y se limitó a remitirles la normativa. Según Cafèambllet, ésta estipula que tienen cabida las «campañas publicitarias destinadas a informar a los ciudadanos de los productos y servicios de consumo ofrecidos por las empresas comerciales» —lo que incluye libros—, así como campañas institucionales y de partidos políticos durante los periodos electorales. La normativa excluye «explícitamente la publicidad de mensajes ideológicos o sobre creencias individuales, incluidas en campañas que buscan exclusivamente provocar el debate social y la repercusión mediática, promovidas por cualquier persona, grupo o entidad.»