En 2007, el gobierno Zapatero había aprobado la Ley de memoria histórica. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña no tenía suficiente y en pleno “procés”, en 2017, aprobó la Ley 1172017, de reparación jurídica de víctimas del franquismo. La ley fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Cataluña incluyendo el voto favorable del PP, cuyo diputado (y luego presidente de Societat Civil Catalana), Fernando Sánchez Costa, que de paso condenó el juicio y la ejecución de Lluís Companys (olvidándose claro de las víctimas de este último).

En septiembre de 2020, la Generalitat de Cataluña -en un acto de bondad democrática- se comprometió a exhumar la fosa de Moncada i Reixach, a petición de Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces. Por entonces las riendas de la Generalitat estaban en manos de Quim Torra. Es “honorable” dejó por escrito su compromiso de incluir la fosa de Montcada en una de las actuaciones de la Dirección General de Memoria Democrática. Pero evidentemente no se ha movido ni un dedo.

El pasado mes de julio, las partidas de la Generalitat dedicada a exhumar asesinados en fosas, no dedicaba ni un euro a la mayor de ellas: la de Montcada. El presidente de la  Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, Guillermo Rocafort, denunció entonces que en los últimos años “sólo se están exhumando las fosas que están en la retaguardia del bando nacional”, y que: “Llama la atención que en la retaguardia del Frente Popular sólo se han exhumado aquellas que están en posiciones del frente de batalla. En esas fosas se encuentran cadáveres de uno y otro bando”.

Hasta aquí, no cabía esperar mucho más. Pero el pasado 18 de marzo, siguiendo una tradición de 83 años, se acercaron al cementerio de Montcada un grupo de católicos, algunos de raigambre tradicionalista, para rezar por todos los asesinados en ese camposanto y por sus verdugos. Pero la alcaldesa del municipio, Laura Campos Ferrer, había decidido que no se podía rezar en el cementerio por ellos ni siquiera celebrar una Santa Misa en la capilla del mismo.

La alcaldesa prohibió, según lo comunicaron los municipales a los asistentes, que no se prestara siquiera una mesa para poder celebrar la Santa Misa fuera del cementerio. La excusa es que era “un acto político”, insistieron los municipales. Consultados varios abogados y la legislación vigente, todo apunta a un claro caso de prevaricación de la alcaldesa y se está estudiando la conveniencia de presentar una querella criminal.

Por su parte, la alcaldesa afirma que ha llevado el caso a la Fiscalía. Ojalá, lo tome en serio la Fiscalía y así podemos explicar cómo asesinaron al Obispo de Barcelona en las tapias del cementerio, recién enviado de la terrible checa de San Elías. También conviene que se sepa los cien cuerpos arrojados a los hornos de la cementera de Montcada o los más de 700 cuerpos que aún quedan enterrados y sin identificar o los cuatrocientos asesinados que pudieron ser identificados y enterrados dignamente.

Queremos saber si la fiscalía considera vigente el artículo 21 de la Constitución española (sobre el derecho de reunión), o si los municipales tienen presente el artículo 5º.1.c de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deben «Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión» y que, en relación a la jerarquía y subordinación, «En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que … sean contrarios a la Constitución o a las Leyes».

Dicho lo cual, es un deber de conciencia oponerse a estos atropellos y no ceder un paso más ante un rodillo político que pretende que los miserables crímenes de sus antepasados ideológicos, y algunos biológicos, de disipen en la memoria colectiva. Nosotros perdonamos, rezamos y recordamos. ¡No a la desmemoria histórica!

LISTADO DE LOS 8.400 CATALANES ASESINADOS BAJO EL MANDATO DE COMPANYS (1036-39)

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