El 2 de octubre de 2017, los ánimos estaban caldeados en Cataluña. En las semanas y días previos al 1-O, policías antidisturbios habían sido desplazados a Cataluña desde otras partes de España y alojados en barcos y hoteles. Un nutrido contingente de casi 500 fue instalado en dos hoteles de Pineda de Mar (Barcelona).

La noche del día 2, cientos de personas se concentraron frente a uno de esos dos hoteles para protestar por la presencia de los agentes y exigir su expulsión. Al establecimiento se dirigieron también dos concejales del Partit dels Socialistes (PSC) de Pineda, que gobernaba el municipio, y el jefe de la policía local. Lideraban a un millar de personas que acorralaron el hotel.

Más de cinco años después de aquel episodio, los dos concejales —la entonces primera teniente de alcalde, Carme Aragonès, y el que era titular de Urbanismo, Jordi Masnou, que hoy sigue siendo edil de la corporación— han aceptado un año de cárcel y otro año de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de coacciones. Las fiscalía de momento les está tratando con guante blanco, porque con esa pena no entrarán ni en prisión.

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