La Asamblea Nacional francesa ha aprobado una proposición de ley para endurecer las sanciones contra los ocupantes ilegales de viviendas. Cuando la norma sea ratificada por el Senado y entre en vigor, los ocupas podrán ser castigados con hasta tres años de cárcel y 45.000 euros de multa, el triple de las sanciones actuales.

Además del aumento de las penas, se acelerarán los procedimientos administrativos para expulsar a los okupas y se crea un delito específico para la ocupación ilícita, pues hasta ahora debía recurrirse al de violación de domicilio, lo cual planteaba lagunas jurídicas.

Entre los motivos expuestos por los promotores de la proposición en el preámbulo del texto legislativo, destaca la consideración: “de la fuerte emoción que suscitan entre nuestros ciudadanos estos ejemplos de incivismo e injusticia vividos de manera cotidiana”.

Votaron a favor de esta iniciativa los diputados de Los Republicanos (derecha) y del Reagrupamiento Nacional (antiguo Frente Nacional).

Esta ley llega tarde, muy tarde, o sea que reflexionemos cómo estamos en España.

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