Es el jubilado de oro de España. Un pensionista privilegiado que multiplica casi por nueve el salario mínimo español y por doce la pensión mínima que cobran cientos de miles de ciudadanos. Es Artur Mas, el ‘expresident’ de Cataluña, el iniciador del ‘procés’ independentista que acabó rompiendo no solo la sociedad, sino el mayor partido catalán, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), hundido en un tiempo récord. El pasado 31 de enero cumplió 65 años y su vida cambió radicalmente, porque hasta entonces no podía cobrar su suculenta pensión.

Del antiguo líder de CDC hasta sus más allegados reconocen que es uno de los contadísimos pensionistas de lujo de España, porque cobra el 60% del salario de ‘president’. O sea, el 60% del sueldo político más alto de España, que asciende a más 153.000 euros. De ahí que el ‘expresident’ pase a percibir unos 92.000 euros anuales. Artur Mas, pues, se queda solo en la cúpula de las pensiones más ricas de España. Ahora ya duerme más tranquilo. O casi, porque los tribunales se han empeñado en acorralarle.

Pero su retiro no será tan plácido como suponía: ahora, el Tribunal de Cuentas le pide nuevas responsabilidades. Este organismo ha citado a declarar para el próximo 29 de junio a 39 personas para que respondan sobre los gastos en materia de política exterior de la Generalitat en el periodo de 2011 a 2017. Entre los citados se encuentran Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva y Neus Munté.

A Mas le tocará dar explicaciones de una parte de la fiscalización. Un informe de 758 páginas del Tribunal de Cuentas desgrana todos los gastos pagados por la Generalitat en materia de relaciones exteriores. Y entre esos gastos hubo algunos referentes a la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014 (y, por supuesto, del referéndum del 1 de octubre de 2017). No hay que olvidar que por la organización de la pseudoconsulta de aquel año, Artur Mas fue juzgado y condenado a inhabilitación, junto a su vicepresidenta, Joana Ortega, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, y la consejera de Educación, Irene Rigau.

Los cuatro abonaron prácticamente 5 millones de euros, que se gastaron en organizar el 9-N. Pero ahora aparecen otros gastos añadidos, asociados a la acción exterior y al fomento de la independencia de los que Artur Mas también deberá responder, porque algunos los hizo él personalmente y otros se produjeron durante su mandato. Esos gastos provienen de la labor efectuada desde las ‘embajadas’, a través del Diplocat, de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (Acc1ó), del Instituto Ramon Llull (IRL), del Instituto Catalán de Empresas Culturales (ICEC), de la Agencia Catalana de Turismo (ACT) y de la Casa de la Generalitat de Perpignan.

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