El Tribunal de Cuentas ha decidido iniciar -a buena hora- un procedimiento de responsabilidad contable por el referéndum ilegal del 1 de octubre que llevó a cabo el gobierno regional de Puigdemont.
El organismo fiscalizador, del mismo modo que sucedió el 9-N con Artur Mas, examina ahora si tanto él como el resto de los miembros de su Ejecutivo cometieron irregularidades al destinar fondos públicos para unas votaciones que fueron ilegalizadas previamente.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas presentó una denuncia al Tribunal de Cuentas para reclamar al expresidente catalán y a otros altos cargos de la Generalitat el dinero usado para la organización de la consulta ilegal.
En una alarde de rapidez justiciera, ahora se ponen a investigar el 1-O.
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