3.753 PERSONAS FUERON ASESINADAS EN TARRAGONA POR EL FRENTE POPULAR

Algunos quieren volver la historia del revés como un calcetín y que lo que sucedió no haya pasado nunca. “Que lo que sucedió no haya pasado, cosa que al mismo Dios es imposible”, escribió en dos endecasílabos memorables Manuel Machado.

¿Quién responde del asesinato del doctor Josep María Vives Salas, quemado vivo rociando su cuerpo con gasolina, junto a la antigua Escuela de Trabajo (en la Era del Eume),  cerca de donde hoy se hallan las instalaciones de Diari de Tarragona, inmolado por presos comunes, liberados y armados por la Generalitat, entre ellos Recasens, el tristemente célebre “Sec de la Matinada”? El doctor Vives dejó esposa y siete hijos. ¿Quién responde de esta barbaridad?

¿Quién responde de los 3.752 asesinatos perpetrados en la provincia de Tarragona desde julio de 1936 hasta el final de la guerra, bajo el dominio del Frente Popular? Las cifras son del doctor Miquel Aleu (epr), médico forense de unos y otros, que, por imperativo legal, tuvo que presenciar las ejecuciones y efectuar la autopsia a los cadáveres de personas asesinadas que llegaban al cementerio. Me dijo: “Els afusellats en la represió franquista foren 116”. Después, haciendo broma, como le gustaba, sentenció: “Si fem una resta, la diferencia és de 3.636 víctimes; güanyen per golejada els del Front Popular”. Y se reía… Asesinar sin piedad a 3.752 personas en dos años no es una broma. Es imposible que, con ese número de víctimas, nadie encuentre un solo culpable. El doctor Aleu no necesitaba estadísticas; los asesinados pasaban por sus manos y tenía información fidedigna. Hubo consejos de guerra y condenas a la última pena, aplicando la Ley de Vagos y Maleantes, aprobada, por cierto, en tiempos de la Segunda República y empleada por el Frente Popular.  Afortunadamente, muchos fueron los que se exiliaron a Francia porque eran bastantes los que tenían delitos de sangre o habían cooperado en ellos. Después pudieron regresar y algunos no quisieron. No debían tener la conciencia muy tranquila.

¿Quién responde de los 141 sacerdotes martirizados y fusilados en la Archidiócesis de Tarragona? (BOAT, núm 15, pág. 209 – 212, 30 de agosto de 1944). ¿Quién responde de los 316 sacerdotes martirizados y fusilados en la diócesis de Tortosa? ¿Quién responde de los 41 Hermanos de las Escuelas Cristianas inmolados en la provincia? ¿Y de los siete Carmelitas Descalzos? ¿Y de los siete Misioneros del Corazón de María?  ¿Y de los cuatro religiosos de la Fraternidad Terciaria Carmelitana de la Enseñaza? ¿Y del capuchino, Carmelo de Colomés? Hoy, todos beatificados, excepto los de Tortosa. ¿Quién responde del asesinato en Calafell de quince Hospitalarios de San Juan de Dios, que se dedicaban al cuidado de niños minusválidos y enfermos mentales? Hoy, beatificados. ¿Y los 52 ex alumnos de La Salle, inmolados por sus creencias religiosas, quién responde?

¿Quién responde de los 500 templos devastados en la Archidiócesis de Tarragona? ¿Y del incalculable patrimonio artístico y cultural destruido, propiedad de la Iglesia y del Estado? ¿Quién responde? ¿Quién responde del tesoro del Papa Luna del obispado de Tortosa, trasladado a México en el barco “Vita”, y del cual nada más se supo? ¿Y del camión de la Generalitat que recorría pueblos y ciudades de la provincia para recoger los objetos de valor de la Iglesia y de los vecinos “benestants”, llevárselos a Barcelona para fundirlos y convertirlos en lingotes de oro y plata, para pasarlos a Francia? ¿Quién responde de todo esto?

¿Quién responde de las 149 personas no residentes en Tarragona, cuyos cadáveres fueron hallados en las carreteras, los descampados y en la tapias del cementerio de la capital, entre las que se relacionan 62 de desconocidos, que no pudieron ser identificados? Dice así: “Persona desconocida: se presume que era jesuita por su vestimenta”. Otro: “Persona desconocida: se presume que era sacerdote por la tonsura”. Otro: “Persona desconocida: llevaba una Cruz en el bolsillo”. Y así hasta 62 cadáveres. En otra lista aparecen 132 personas asesinadas, todas residentes en Tarragona, inmoladas entre julio de 1936 y abril de 1937. ¿Quién responde de todo esto?

¿Quién responde de los 560 asesinatos perpetrados en el partido judicial de Tortosa? ¿Y de los 387 de Grandesa; y de los 329 del Priorato; y de los 373, de Reus; y de los 349 de Tarragona; y de los 278 de Valls; y de los 233 de El Vendrell; y de los 197 de Montblanc? ¿Quién responde del asesinato del beato Manuel Borrás, obispo auxiliar de Tarragona, en el Coll de Lilla? ¿Quién responde de la noche triste de Falset, con el asesinato en masa de 26 personas, ametralladas en el cementerio? ¿Y del asesinato de Enrique Rull Cortés, “porque tenía un hijo en el Seminario”? ¿Quién responde?

¿Quién responde de haber suprimido el día de Navidad en Cataluña y de haber convertido el día de Reyes en “la setmana dels infants? ¿Quién responde de haber suprimido del callejero de los pueblos y ciudades de Cataluña, todos los que llevaban  nombre de santo desde tiempo inmemorial? Santa Coloma de Queralt se convirtió en Queralt de la Conca; Sant Carles de la Ràpita, en La Ràpita a secas; Sant Jaume dels Domenys, en Domenys del Penedès; Sant  Jaume d’Enveja, en Enveja, y así en el resto de Cataluña? ¿Quién responde de estas barbaridades, abolidas luego por los nacionales?

Y si van a revisar y anular las sentencias de los juicios sumarísimos del final de la guerra, ¿qué hacemos con todas las condenas a muerte de los llamados Tribunales Populares, creados por la Generalitat republicana? ¿Las ponemos como impecables ejemplos de la modélica y equilibrada justicia del pueblo en armas? El juicio y la condena de Jaume Hilari, hermano de las Escuelas Cristianas, por el Tribunal Popular de Tarragona, es un buen ejemplo de cómo funcionaba la justicia “popular”en aquellos tiempos. El hermano vivía en el colegio de Cambrils. Como estaba sordo no podía dedicarse a la enseñanza y trabajaba de payés en el huerto. Fue condenado “porque sabía Latín y enseñaba la Religión católica a sus alumnos”. El mismo día, el tribunal de Tarragona remitió a la Generallitat la condena de veinte penas de muerte para que fueran ratificadas o conmutadas por el presidente Lluis Companys. Diecinueve de ellas fueron conmutadas por treinta años de reclusión. Un solo reo fue condenado a la pena máxima: Jaume Hilari. Presenció la ejecución, por imperativo legal, el doctor Miquel Aleu. En 1999 estuvo presente en Roma, como testigo de excepción, junto a san Juan Pablo II, en el acto de canonización hermano lasaliano.  Es el primer Santo de la persecución religiosa en Cataluña.

Jordi Pujol, siendo presidente de la Generalitat, dijo, referente a la memoria histórica que “se puede chapotear con el agua, pero no con la memoria”.  Recordó que en Cataluña tenemos la suerte macabra de haber sido a la vez verdugos y mártires y, por tanto, podemos entendernos mutuamente”. Y se preguntó: “¿Alguien ha pedido perdón por los 5.000 curas, frailes, monjas, democristianos, carlistas o falangistas muertos en Cataluña?” Esta situación fue la que hizo que “en Cataluña murieran hasta tres veces más personas de derechas que de izquierdas, simplemente porque muchos pudieron huir a Francia”. Confesó que él, como presidente de la Generalitat también debería haber pedido perdón. Pero antes tenía que haberlo hecho Tarradellas, “porque aunque la Generalitat perdió el control de la calle, tenía la obligación de mantenerlo, porque era el régimen legalmente constituido y debía garantizar la seguridad de todos”.

Fuente: Francesc Basco Gracià. Periodista. Tarragona, 15 de mayo de 2016.