El juzgado de Juan Antonio Ramírez Suñer, el de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga delitos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, ha destapado apuntes contables que suman algo más de tres millones de euros procedentes del Estado y desviados al proceso separatista. El descubrimiento lo han propiciado los papeles (30 cajas repletas de documentos en un furgón) que querían quemar efectivos de los Mossos d’Esquadra en una incineradora en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), en pleno fragor separatista, según fuentes de la investigación.

Las primeras pesquisas apuntan a que esos más de tres millones proceden del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) que habilitó el Gobierno central para todas las comunidades a raíz de la crisis y para afrontar deudas e impagos de la Generalitat. Es un dinero de las arcas del Estado desviado a un fin ilícito, señalan fuentes de las pesquisas. Ese dinero se ha destinado a subvencionar campañas, manifestaciones y asociaciones independentistas.

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