Sijena Vs. Papeles de Salamanca


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El traslado de las 44 obras del Monasterio de Sijena que hasta ahora permanecían en el Museo de Lleida ha generado tensión. En medio de una campaña electoral en clave independentista y con la aplicación del artículo 155 de fondo, lo que originalmente se trataba de una restitución a Aragón ha sido utilizado por los portavoces independentistas como un expolio del Estado español contra Cataluña. Una sentencia judicial y un litigio de más de 20 años indican que tal cosa no es así. Sin embargo, en tiempos electorales, lo extraño habría sido que esto no ocurriera.

Junto al de Sijena, otros conflictos similares permanecen sin resolver. Uno de los más cercanos, y que podría activarse también a la luz del 155, es el pulso legal por los llamados Papeles de Salamanca . El alcalde de esa ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, han advertido en varias ocasiones que los documentos en poder la Generalitat de Cataluña deben volver al Archivo, con sede en la ciudad de Salamanca, y acatar así la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

Sánchez, investigador y uno de los más activos en esta causa, ha solicitado a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ostenta la presidencia de Cataluña desde la aplicación del artículo 155, que agilice y atienda una medida a la que Generalitat de Cataluña ha hecho caso omiso.

Hay 400.000 documentos pertenecientes a otras ciudades no catalanas, entre ellas Madrid, Málaga, Valencia y Murcia que deberían regresar por ley a la institución de origen

Este asunto viene de lejos, casi tanto como las obras de Sijena. El 19 de enero de 2006 comenzó un proceso que dio pie a la batalla entre instituciones. En aquella fecha una serie de documentos salieron del Archivo Salamanca rumbo a Cataluña, en total: 507 cajas. La medida puesta en marcha por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero buscaba “la restitución de los documentos y efectos incautados en Cataluña” durante la Guerra Civil.

Tras varias reclamaciones, se llegó a la conclusión de que cerca de 400.000 documentos pertenecientes a otras ciudades no catalanas -entre ellas Madrid, Málaga, Valencia y Murcia- permanecían en manos de la Generalitat y que, según la ley de Patrimonio, debían regresar a la institución de origen. Además de Salamanca, la dirección general de Cultura de la Generalitat Valenciana ha declarado públicamente estar abierta a recibir peticiones para la recuperación de los documentos de la Guerra Civil y el franquismo que permanecen en Cataluña.

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