Ya se han perfilado las candidaturas que optarán a representación parlamentaria tras el 21 de Diciembre en los comicios catalanes.

La fuerza de las candidaturas independentistas es a la vez su debilidad. Tener presos en las listas no suponen ninguna traba para su inclusión en las candidaturas. No existe sentencia firme contra ninguno de ellos, por lo que conservan su derecho al sufragio pasivo. Ello puede alimentar una épica que anime al alicaído espíritu independentista.

Pero los problemas empezarán en el momento en que deban tomar posesión de su acta como diputados, para hacer efectiva su elección. La toma de posesión debe hacerse en persona, por lo que, de seguir en prisión condicional los miembros del Govern que se encuentran encarcelados no podrían hacer efectiva su condición de diputados. Un hecho que, en el caso de Oriol Junqueras, lo convertiría además en inelegible como presidente de la Generalitat, motivo por el cual ya ha señalado a Marta Rovira como sucesora.

Aunque lo más probable es que el tribunal responsable, ya sea la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, autorice su salida de prisión para tomar posesión del acta de diputado. Una vez constituido el Parlament, las votaciones exigen la presencia de los electos para participar en ellas.

El voto solo puede ser delegado, según el reglamento de la Cámara autonómica, por enfermedad. Por tanto, la ausencia de los encarcelados, así como los huidos en Bruselas, pondría en riesgo la mayoría independentista, que según todas las encuestas será tan precaria como la de la legislatura que acaba de concluir.

El nuevo Parlamento autonómico quedaría así distorsionado y «legitimaría» a los independentistas a no reconocer las decisiones del govern o parlament en caso de que no les favorecieran. No se descarta pues, una nueva y tortuosa etapa del «prucés».

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