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El Tribunal de Cuentas ha emitido este miércoles dos autos que abren el procedimiento para exigir que Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, paguen los 5,12 millones de euros que se destinaron para realizar la consulta del 9-N.

Tras la petición del Abogado del Estado para poder formular las alegaciones pertinentes de la causa el pasado 2 de junio, la Generalitat mostró su disconformidad y, en un escrito, solicitó la declaración de falta de legitimación para intervenir en el procedimiento al estimar que en el proceso participativo no estuvieron comprometidos fondos del Estado.

En el segundo auto se autoriza el nombramiento de un delegado instructor del expediente, cuyo nombre se conocerá la semana que viene. En el caso de que dicho delegado considere que existió una responsabilidad contable durante la consulta de 2014, Mas, Ortega y Rigau tendrían que depositar una fianza que cubra los gastos del 9-N.