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2 de febrero de 2017: Una “zona de exclusión” en los suburbios del este de París. La policía que está patrullando oye gritos. Decide investigar qué sucede. En esto, un joven inmigrante los insulta. Deciden arrestarlo. Él, sin ningún miedo ni respeto, empieza a golpear a la policía. Se inicia evidentemente una pelea.

Cuando s llevado ante el juez, el sujeto acusa a un policía de haberlo violado con una porra. Una investigación policial determina rápidamente que el joven no fue violado. Pero es demasiado tarde: los políticos se cubren las espaldas y la prensa ya busca culpables sobre los que cebarse.

Sin esperar a tener más pruebas, el ministro de Interior francés declara que los agentes de policía “han obrado mal”. Añade que “se debe condenar la mala conducta de la policía”. Las fuerzas policías caen en la absoluta desmoralización. El presidente francés, François Hollande, va al hospital a mostrar su apoyo al joven. El presidente se echa flores y afirma  de sí mismo que su comportamiento ha sido “digno y responsable” ante la incompetencia policial. Al día siguiente, colectivos progresistas y financiados “improvisan” una manifestación contra la policía. La manifestación deviene en nuevos disturbios.

Los disturbios prosiguen durante más de dos semanas. Afectan a más de veinte ciudades de toda Francia. Se extienden al centro de París. Decenas de coches son incendiados. Tiendas y restaurantes son saqueados. Los edificios públicos y comisarías de policía son atacados. La prensa calla.

La policía tiene órdenes de no intervenir. La calma vuelve poco a poco, pero todo presagia que en breve los acontecimientos se volverán a repetir.

Francia se suicida, lenta y complacientemente ahogada en su malentendida “fraternidad”.

Un policía observa cómo se retira un vehículo destruido por vándalos en un suburbio parisino el 13 de febrero de 2017. (Imagen tomada de un vídeo de Ruptly).