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La trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) utilizó empresas de Murcia y Alicante para pagar comisiones ilegales por el amaño de adjudicaciones públicas de la administración catalana. Paradójicamente, el dinero de esas mercantiles del Levante, que había salido directamente de los bolsillos de los contribuyentes de esas provincias, terminó sirviendo para financiar el programa político de CDC para alcanzar la independencia de Cataluña.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción descubrieron los pagos entre la documentación intervenida en la sede del partido y figuran en el sumario de la llamada operación Petrum, cuyo secreto levantó parcialmente este viernes el instructor de la causa.

Una de esas empresas es Aquagest Región de Murcia, concesionaria del servicio público de agua en varios municipios de esa comunidad autónoma. En los informes de la Guardia Civil se detalla que esa mercantil realizó una primera donación a CDC por importe de 40.000 euros el 26 de octubre de 2012, solo cuatro semanas antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña de ese año, celebradas el 25 de noviembre. Y dos semanas después efectuó un segundo pago a la formación de Artur Mas y Carles Puigdemontde otros 20.000 euros.

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