La Generalitat de Catalunya sigue dilapidando miles de euros en campañas para promover artificialmente el catalán, a pesar de estar en bancarrota y no poder pagar las facturas de las farmacias ni los servicios sociales. La exclusión social alcanza ya el 20,9% de una población que vive bajo el umbral de la pobreza, 1,1 puntos más que hace un año, y que ha crecido especialmente entre los menores y los jubilados, según los datos oficiales del Instituto d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Poco importa que miles de niños y niñas padezcan en estos momentos de crisis económica graves carencias alimenticias. Lo realmente importante, debe pensar Junqueras, Lluís Llach o el Honorable Puigdemont es que los chavales jueguen al Monopoly en la lengua vernácula de Pompeyo Fabra.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), regado con cerca de un millón de euros  en cuatro años, tiene como  objetivo «donar a conèixer i facilitar l’oferta de jocs i joguines en català i fomentar-ne l’ús entre els ciutadans».

En un país normal, ese millón de euros bien podrían convertirse en dos millones de litros de leche, comprados a los ganaderos locales y consumidos por niños y niñas del país.

Al final acabaremos siendo como Corea del Norte. Una hambruna perpetua.

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