La alcaldesa Ada Colau no puede gobernar. Barcelona en Comú sólo tiene 11 concejales, y necesita varios socios en el consistorio que siguen sin llegar, a la espera de que se esclarezca la situación política en el Parlament, y en el conjunto de España. Por ello, y ante la presión de los sectores afectados, el Ayuntamiento ha decidido modificar la polémica ordenanza de terrazas que impulsó, para «minimizar» las afectaciones.

Lo ha anunciado la teniente de alcalde, y responsable de Urbanismo, Janet Sanz. Los nuevos artículos de la ordenanza de terrazas entrarán en vigor, ahora, en 2018, aplazando una medida que había provocado el enojo de los restauradores y de varios grupos municipales.

«Con los pequeños retoques en la ordenanza se pretende corregir algunas indefiniciones detectadas y distancias que en algunos casos se consideran demasiado exigentes, y, en otros, demasiado flexibles. Además, atendiendo a las diversas realidades del espacio público, se aumentará el margen de interpretación de cada caso en función del territorio y la congestión y características del espacio», argumenta el Ayuntamiento a través de un comunicado, en una muestra de que se trata de una autocorrección en toda regla.

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