El dictamen del Consejo de Estado que avala la impugnación por el Gobierno, ante el Tribunal Constitucional (TC) de la denominada resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP, solicitaba que el órgano de garantías incluyera tres puntos concretos en la providencia que han sido admitidos a trámite por el TC. Entre ellos, que la providencia se notifique«bajo apercibimiento» a un total de 21 cargos electos y del gobierno de Cataluña.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Artur Mas, Carme Forcadell, Lluís Corominas, José María Espejo-Saavedra, Anna Simó, David Pérez Ibáñez, Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet, Pere Sol i Ordis, Neus Munté, Francesc Homs, Meritxell Borrás i Solé, Andreu Mas-Colell, Irene Rigau, Boi Ruiz, Santi Vila, Ferran Mascarell, Jordi Ciuraneta, Felip Puig, Germá Godó y Jordi Jané.

Asimismo, la notificación se extiende «en su caso a quienes resulten designados por el presidente de la Generalitat como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento Catalán».

El TC impone además a Forcadell, a la Mesa del Parlamento de Cataluña y al secretario general de esta cámara legislativa «la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma en consideración ni para su debate o votación iniciativa alguna (…) que directa o i indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida».

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