La rebeldía del Govern con su modelo educativo de inmersión lingüística vuelve a chocar con la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) propina una nueva reprimenda a la Generalitat de Cataluña, que tendrá que indemnizar a una niña de Barcelona con 7,36 euros por cada una de las horas que el colegio concertado en el que cursaba Educación Infantil le impartió en catalán y no en castellano como habían reclamado sus padres. La compensación, por incumplir la obligación legal de utilizar también el castellano como lengua vehicular, asciende a 3.000 euros.

El caso representa un importante precedente para todas las familias que han acudido a la vía judicial para obtener el reconocimiento del derecho a que sus hijos sean educados, en cualquier etapa de la enseñanza obligatoria, además de en catalán, en castellano.

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