Una vez aprobada la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, ahora sólo cabe esperar que la realidad se imponga con su cruda realidad. Las empresas y el dinero huyen de la inestabilidad y de la incertidumbre. Los propios separatistas una vez amnistiados, (de nada, gracias), ya han prometido volver a las andadas.

Los sectores empresariales han empezado a lanzar mensajes de que se prepara una nueva fuga de empresas como la que se produjo en las gloriosas épocas del «butifarrendum».

Cuenado en noviembre pasado el PSOE pactó con Junts apoyar la investidura de Pedro Sánchez, una de las condiciones fue «facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años«. Para colmo, partido de Puigdemont pidió públicamente que las compañías que se marcharon en 2017 fuesen sancionadas.

Todo ello ha «encantado» al mundo empresarial y unas empresas empiezan a marchar y otras se piensan en venir.  Para los incrédulos, sólo un dato: Cataluña volvió a liderar en 2023 la pérdida de empresas, con un saldo negativo de 128 sociedades. Por el contrario, Madrid registró el saldo positivo más elevado con 71 nuevas compañías.

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