En el año 1609 el rey Felipe III decretó una de las medidas más importantes de su reinado: la expulsión de los moriscos. En total la medida afectó a los casi 100.000 musulmanes que vivían en la España de la época (que tenía alrededor de 7 millones de habitantes). El motivo fue de seguridad nacional. Los llamados moriscos, descendientes de los musulmanes que habían quedado en la Península tras la conquista del reino musulmán de Granada por los Reyes Católicos, colaboraban habitualmente con las devastadoras incursiones de los piratas turcos y moros del norte de África, que asolaban las costas españolas, principalmente mediterráneas.

Durante el reinado de Felipe II los moriscos habían protagonizado una sangrienta rebelión en las zonas montañosas de Andalucía entre 1568 y 1570, que motivó una dura guerra para someterlos. Después de este levantamiento Felipe II todavía no se atrevió a la medida drástica de la expulsión y los musulmanes que quedaron fueron distribuidos por toda España. Fueron especialmente desde entonces abundantes en el reino de Valencia, donde se convirtieron en mano de obra para la nobleza local.

A pesar de la gran victoria naval de Lepanto en 1571, los ataques piratas moros, que sembraban el terror en las costas españolas, y que provocaron la muerte de miles de personas y su secuestro para ser esclavizados en Argel (como le pasó a Cervantes) y en lo que hoy es Marruecos, continuaron, aun cuando la amenaza naval de la marina real del Sultán otomano hubiese bajado. No obstante, sus piratas vasallos del norte de África seguían atacando las costas españolas e italianas, bajo control de la Corona hispánica así como a los barcos españoles.

Aunque los galeones y galeras de la Armada española lanzaban continuas incursiones en el norte de África, estás no eran suficientes para frenar la amenaza musulmana. La gota que colmó el vaso fue la información que el propio rey de Inglaterra Jacobo I (James I), entonces en buenas relaciones con Madrid, trasladó a Felipe III y a su primer ministro, el Duque de Lerma, de que representantes de los moriscos estaban en negociaciones con el rey de Francia, Enrique IV, y también se habían puesto en contacto con él, buscando apoyo para organizar una gran sublevación de los musulmanes de la Península Ibérica, contra el rey de España.

Finalmente la Corona decretó la expulsión de todos los musulmanes de España y sus posesiones en septiembre de 1609. El rey ordenó a todas las autoridades de España que colaborasen en la expulsión de los moros, expulsión que suponía un desafío logístico de primer orden, ya que implicaba utilizar toda la escuadra española del Mediterráneo, para trasladar por la fuerza a los moriscos. El entonces virrey de Cataluña, el duque de Monteleon, ordenó a los dirigentes de la Diputación del General, o Generalitat de Cataluña, que colaborasen en la deportación de los moros, aportando la pequeña flota de galeras que tenía la Generalitat.

La historia viene reflejada en los Dietarios de la Generalitat de Cataluña, es decir las crónicas de los documentos de la Generalitat de la época, recopilados y reeditados en nuestros días a partir de los años 90. Hay que recordar que la Diputación o Generalidad catalana de la época en ningún caso gobernaba Cataluña, ya que eso era función del virrey, sino que era una especie de Tribunal Constitucional, que señalaba las teóricas infracciones de las medidas de gobierno reales respecto a los fueros catalanes. También cobraba los impuestos, lo que, eso sí, otorgaba a la Diputación una notable capacidad económica.

Como señala el historiador actual Ernest Belenguer, prologuista de uno de los volúmenes reeditados, fue notable que las autoridades de la Diputación, que en esa misma época mantenían multitud de reclamaciones ante la Corte respecto a numerosas disposiciones de gobierno de los virreyes en Cataluña por considerarlas contrarias a las «Constitucions» o fueros catalanes, en este caso no pusiesen ninguna objeción y manifestaron, de hecho, su total disposición a colaborar en la expulsión.

En mayo de 1610 al recibir la orden del virrey la Diputación hizo una declaración en la que decía que : «Dit capitol no obsta la extinció dels cristians nous o moriscos». » Son vot i parer que dita expulsió no es contra Constitucions de dit Principat per ser culpables de crims de llesa majestat divina i humana». Es decir que no había ningún obstáculo legal para la expulsión de los músculos y esta era necesaria por tratarse de reos de crímenes de lesa majestad divina y humana, literalmente. Entonces había unos 5.000 moriscos en Cataluña, sobre todo en la zona del Delta del Ebro en territorios de algunos aristócratas catalanes de la zona. La verdad es que en Cataluña no hubo ninguna oposición a la expulsión, que se verificó con la colaboración de las galeras de la Generalitat a través del puerto de Los Alfaques o Els Alfacs, cerca de Tarragona. Algunos moriscos pasaron a Francia.

En toda España solo la aristocracia valenciana protestó, pero el rey hizo cumplir las órdenes y los moriscos fueron trasladados al norte de África. Todas las fuentes españolas de la época alabaron la expulsión, como Cabrera de Córdoba, el cronista contemporáneo clásico de los reinados de Felipe II y Felipe III o el mismo Cervantes en el Quijote. Solo la pequeña minoría de antiguos moriscos que se habían convertido realmente al Cristianismo pudieron quedarse, aunque se sabe que un cierto número de moriscos volvieron ilegalmente a España posteriormente.

En nuestros días los políticos de la Generalitat suelen alardear de la larga historia de esta institución, aunque lo hagan tergiversando su auténtica naturaleza y presentándola como un gobierno, cosa que nunca fue hasta 1931. No obstante, suelen ocultar la condición eclesiástica de buena parte de sus miembros en aquellos tiempos o las acciones concretas de la Diputación, como ésta, la expulsión de los moriscos, o de los judíos en su día, medidas reales que fueron apoyadas por la Diputación o Generalidad en su momento. (El expresidente Quim Torra llegó a decir que hay que eliminar los vestigios de la historia de Cataluña de las épocas anteriores a  la Revolución Francesa)Medidas que hoy pueden ser políticamente incorrectas y difíciles de entender con la mentalidad de nuestros días, pero que estaban enraizadas en la auténtica tradición de  Cataluña y de España en  aquellos siglos.

Rafael María Molina

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