Artur Mas cumplió en enero 65 años y, unos días después, solicitó la pensión vitalicia que fija el artículo 3 del Estatuto de los expresidentes, aprobado en 2003.

Este artículo señala, textualmente, que “cuando lleguen a la edad de sesenta y cinco años, tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la Generalitat”. El sueldo actual del jefe de Gobierno catalán es de 153.235,50 euros.

Por tanto, Mas ha empezado a cobrar desde febrero, tras el reconocimiento de la vicepresidencia económica, una pensión pública no contributiva de 7.662 euros mensuales. Esta cifra podría incrementarse en los próximos meses si la nómina del actual president se eleva cuando se aprueben unos nuevos Presupuestos autonómicos.

El exdirigente catalán, que fue condenado a un año y un mes de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de desobediencia por la organización de la consulta independentista del 9-N de 2014, ha aplicado su derecho a una asignación del 80% del sueldo presidencial durante cuatro años como mínimo.

De esta forma, durante los últimos cuatro años (desde 2017 a enero de 2020) ha percibido un montante de 365.598 euros (unos 10.000 euros mensuales) así como otros 132.411 euros para la dotación de su oficina representativa (se excluyen otros gastos de personal a su servicio). En total, el retiro de Mas le ha costado a la Generalitat en estos años al menos medio millón de euros.

Ser sedicioso sale a cuenta, ya lo ven ustedes.

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