Los vecinos de Tunte, al sur de Gran Canaria, viven con miedo desde que en agosto comenzaron a llegar al pueblo los primeros inmigrantes de esta nueva oleada que ya alcanza los 11.800 desembarcados en las Islas Canarias. Llegaron a levantar barricadas para bloquear los inmigrantes ilegales con Covid que la policía los destinaba a esa población canaria.

La oleada de pateras que está llegando ahora a llegando sin cesar a las costas canarias desde agosto está generando mucho desconcierto social. Antes casi todas las pateras portaban subsaharianos e iban a los Centros de internamiento.

Esta vez, los inmigrantes son derivados a alojamientos turísticos, donde cuentan con total libertad de movimientos. En esta oleada predominan las personas que en sus respectivos países trabajan en empleos informales del sector turístico, principalmente en Marruecos. Se trata de «guías turísticos, taxistas, vendedores de la calle». No se trataría de refugiados sino de inmigrantes económicos.

Saben que las fronteras están cerradas debido a la pandemia y que, al menos por ahora, no serán deportados por las autoridades españolas. Un portavoz de la Policía Nacional en Gran Canaria explica el fenómeno: «Durante 25 años, la inmigración irregular en Canarias ha sido fundamentalmente de subsaharianos, pero en este momento el 85% de los llegados son magrebíes. Los subsaharianos siguen llegando ahora también, pero en los flujos habituales que dependen del estado del mar; lo que nos está desbordando es la llegada masiva de marroquís. Esto es lo nunca visto y responde a algo, no es casualidad».

Y prosigue: «A los subsaharianos se les toman las huellas y los datos cuando llegan a puerto, pero los marroquís vienen documentados casi todos, es una cosa inaudita que una persona que llega en patera venga con pasaporte. Saben que no los devuelven a Marruecos por el cierre de fronteras y llegan con la confianza de venir documentado. Quien tiene ahorros se los trae. Es una situación rarísima que está alcanzando una magnitud alarmante».

El portavoz de la policía admite la impotencia de la Policía Nacional para tramitar las órdenes de expulsión de España, y también para asuntos del día a día como velar por el cumplimiento de las normas sanitarias. «Van en grupos de 20 o de 30. Llevan sus mascarillas normalmente, pero no podemos ir ahí y decirles que se separen, para qué si no podemos sancionarles. Tampoco podemos llevar un buen control en los hoteles porque Cruz Roja nos dice que son el equivalente a un domicilio y no podemos identificar a nadie. No te dan ni un dato, ni te dicen si están o no allí las personas que se supone. Se nos ponen muchas trabas para hacer nuestro trabajo. Al no estar internados en un CIE, la policía no tiene esos 60 días de plazo para tramitar su devolución. Sobre el papel, si se supera el plazo esa persona es puesta en libertad».

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