Puigdemont (sí, todavía vive) cobra  un  salario de eurodiputado (unos 8.000 euracos), más 4.320 euros para gastos, más dietas de 306 euros diarios para alojamiento, y otros gastos o pluses por pertenecer a comisiones. También dispone de cuatro asesores en Bruselas, pagados por el Parlamento Europeo.

Hasta aquí no podemos hacer nada. Así es esta Europa de la burocracia y el Estado español no ha sabido jugar la partida contra Puchi. Ahora bien, lo que es incomprensible es que el «fugado» mantiene una oficina con tres empleados que nos cuesta un total de 235.044,59 euros anuales a todos los españoles.

Este pasturrión sale de las arcas públicas y se va en sueldos de asesores, gastos de representación y telecomunicaciones para mantener una página web de propaganda. Entre esos gastos, figura una importante cantidad para gastos de representación: los asesores del fugado dilapidan más de 3.500 euros mensuales en comidas, reuniones o viajes (al margen de sus salarios).

Este ‘agujero’ se calcula al margen de lo que recibe directamente de los fondos públicos comunitarios. Solo en salarios de sus asesores, el coste de la oficina barcelonesa fue de 159.465,41 euros, cantidad a la que hay que sumar la Seguridad Social del jefe de la oficina (que cotiza al máximo, por lo que la factura mensual supera los 1.000 euros), así como de dos técnicos.

Primum vivere.

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