La Guardia Civil expone en una serie de informes que el supremacista Carles Viver Pi-Sunyer (que para más inri había sido magistrado de Tribunal Constitucional), considerado el arquitecto del ‘procés’, “contemplaba” que a los funcionarios del Estado destinados a Catalunya “que o bien no fuesen catalanes de origen o bien perteneciesen a determinados cuerpos de la Administración” se les “repatriara” a España “y no se les permitiera acceder a la nacionalidad catalana”.

El expresidente del Consell Assesor per a la Transició Nacional también planteó que, para desincentivar a inversores, se les recordaría que se podía legislar sobre “expropiación forzosa” o “presionar a las empresas y grandes fortunas” por “las consecuencias de tener al nuevo Estado [catalán] en contra”. Así consta en los documentos que el instituto armado ha entregado al juzgado de Barcelona que investiga el 1-O.

La Guardia Civil sostiene en sus informes que Viver Pi-Sunyer actuó “de asesor, de ideólogo, de redactor, de coordinador y de supervisor” de las normas legales necesarias para “hacer efectiva la república“.

La Republica supremacista de Cataluña.