2012 fue el año en el que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, exigió un pacto fiscal que era, tal y como afirmó Mariano Rajoy, «contrario a la Constitución». Fue, asimismo, el ejercicio en el que Mas respondió a la negativa del Gobierno convocando unas elecciones que ganó apoyado en la promesa de celebrar un referéndum de autodeterminación. Fue el inicio del «puocés».

Paradójicamente fue también el año en el que la Generalitat comenzó a pedir liquidez al Estado a través de los mecanismos extraordinarios y mediante los que ha recibido más de 75.000 millones de euros entre 2012 y 2019.

Al cierre de 2018, en un acto de chulería, el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció que Cataluña abandonaba el FLA tras solicitar más de 70.000 millones. Pero para 2019, se ha bajado los pantalones y ha pedido de momento más de 5.000 millones. El total, por lo tanto, alcanza esos 75.000 millones, cifra que supera los 76.000 millones para el conjunto de Cataluña si se tiene en cuenta la liquidez recibida por los ayuntamientos catalanes.

Las abultadas cifras de la deuda catalana son, evidentemente, superiores a la de cualquier otra región, aunque sí hay dos que se acercan: la Comunidad Valenciana y Andalucía. La primera ha percibido 52.000 millones en el mencionado periodo, y la región andaluza acumula otros 40.000 millones. En conjunto, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía acaparan casi el 70% del conjunto de los mecanismos de liquidez.