La Guardia Civil descubrió el 2 de febrero de 2017 en un despacho de Infraestructures.cat, el organismo de la Generalitat encargado de centralizar la adjudicación de las grandes obras públicas, un informe interno elaborado por el Govern de Carles Puigdemont que admitía la existencia de graves irregularidades en la licitación de contratos durante la etapa de Artur Mas.

Además, el documento ratificaba punto por punto las sospechas sobre la presunta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) mediante comisiones irregulares de constructores que luego eran recompensados con encargos millonarios.

Los investigadores sostienen que Infraestructures.cat primó intencionadamente en las licitaciones de obra y servicios de ingeniería la parte técnica de las ofertas, cuya valoración depende de una evaluación puramente subjetiva, concediéndole a ese apartado hasta el 70% de la puntuación total del concurso, frente al 30% del apartado económico.

Así, una manipulación de la valoración de la parte técnica era suficiente para condicionar el resultado del concurso. El sistema permitía incluso que una oferta muy cara terminara siendo la vencedora.

Los expertos de la Guardia Civil sostienen que ese método habría sido utilizado masivamente por los gobiernos de Mas para amañar contratos a cambio de comisiones ilegales al actual PDeCAT y también de pagos directos a los principales implicados en la trama, que podría superar los 200 M de euros.

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